El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó hoy unas "coincidencias básicas" con los sindicatos en torno a la futura Ley de Igualdad, cuyo anteproyecto se aprobará el viernes, al aceptar, como pedían UGT y CCOO, que todas las empresas estén obligadas a negociar planes o medidas de igualdad.

El titular del departamento, Jesús Caldera, mostró su satisfacción por el acuerdo, a pesar de reconocer que el grado de aproximación con la patronal es "un poco menor", mientras que las representantes de UGT, Almudena Fontecha, y de CCOO, Carmen Bravo, mostraron una "satisfacción moderada", desde el convencimiento de que el texto todavía se puede mejorar.

Hoy se acordó que el permiso de paternidad de ocho días, independiente de los dos días de permiso por nacimiento, lo podrá coger el padre durante las 16 semanas de la baja de maternidad o inmediatamente después, una medida que se amplía a los autónomos y a los casos de adopción y acogimiento y que, según Caldera, tendrá un coste de unos 400 millones de euros anuales.

En conjunto, la ley superará esos 400 millones, pero para el titular de Trabajo, con este "ambiciosísimo proyecto", que busca remover los obstáculos a la igualdad real entre hombres y mujeres, no se puede hablar de coste, sino de "inversión".

El acuerdo con los sindicatos, que seguirán reivindicando un permiso de paternidad de cuatro semanas, incluye también la ampliación del permiso de maternidad en dos semanas en el caso de un hijo discapacitado, que podrán usar tanto el padre como la madre, y la posibilidad de acumular las horas de lactancia, que también podrá disfrutar cualquiera de los dos progenitores.

La futura ley ampliará de 6 a 8 años la edad de un hijo que da derecho a reducción de jornada, disminuirá a cuatro meses la duración mínima de la excedencia voluntaria y ampliará de uno a dos años la excedencia para cuidar a un familiar, que se podrá disfrutar de manera fraccionada.

El avance "fundamental" para UGT y CCOO es que la ley obligará a todas las empresas a negociar en los convenios colectivos medidas de igualdad y a las de más de 250 empleados a negociar planes, lo que supondrá analizar el acceso de hombres y mujeres al empleo, a las diferentes categorías, a la promoción y a la formación para detectar desigualdades y buscar soluciones.

Caldera destacó también la importancia de esta obligación, que deberá ponerse en práctica en los próximos convenios, advirtió de que cuatro años después se analizará su efectividad y subrayó que si los resultados no son satisfactorios se harán modificaciones legales "más exigentes e imperativas".

El ministro señaló que hay también "una aproximación básica" con la patronal, aunque reconoció que los empresarios "tiene algunas reservas".

De hecho, no ha sido posible el acuerdo con los interlocutores sociales en la mesa de diálogo social, donde comenzó a estudiarse el borrador diseñado por el Gobierno, y las últimas modificaciones se han logrado a partir de las "consultas" con los sindicatos, como apuntó Fontecha.

Entre los avances logrados hoy mismo para mejorar la protección social de las mujeres, Caldera recordó que en la actualidad las trabajadoras necesitan haber cotizado 180 días en los últimos cinco años para beneficiarse de la protección por maternidad y explicó que el plazo se extenderá a siete años; además, también se cubrirá a las que hayan cotizado un año a lo largo de toda su vida laboral.

A pesar de la mejora, Fontecha destacó la discrepancia sindical en ese punto, pues no entienden que haya un periodo de carencia para las mujeres.

Tanto Caldera como las representantes de UGT y de CCOO coincidieron en que el texto ha mejorado con las aportaciones sindicales, pero Fontecha recalcó que su intención es seguir trabajando para incorporar nuevos avances cuando el texto de la ley llegue al Consejo Económico y Social y al Parlamento.