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Martes, 28 de febrero de 2006
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La vicepresidenta de la Junta anuncia que seguirá apoyando la estación de esquí de San Glorio
La asociación ecologista Arca pide la intervención del Defensor del Pueblo contra el proyecto
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La Junta de Castilla y León «se va a implicar todo lo necesario para que salga adelante» la iniciativa de instalar una estación de esquí en la zona de San Glorio, en el entorno de Picos de Europa. Así lo manifestó ayer la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, durante el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en el que reiteró que la Junta «apoya desde el principio» la iniciativa «y la va a seguir apoyando».

Ruiz respondía al procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Joaquín Otero, quien reclamó a la Junta que respalde esta iniciativa y otras que contribuyan al desarrollo de Picos de Europa.

La empresa Tres Provincias promueve la instalación de la estación en una zona entre León, Palencia y Cantabria. En la actualidad, está en trámite de modificación el Plan de Ordenación de Recursos del Parque Natural de la Montaña Palentina, para que se pueda autorizar la instalación en la zona.

Por su parte, la asociación ecologista ARCA ha solicitado al Defensor del Pueblo que exija al Gobierno de Cantabria y a la Junta de Castilla y León «que respeten y hagan respetar la legislación ambiental» con relación a las pretensiones de 'Tres Provincias SA' para construir una estación invernal en San Glorio, ocupando un espacio declarado LIC, ZEPA y Zona de Recuperación Oso Pardo y Urogallo.

En su escrito, ARCA también pide a Enrique Múgica que inste al Ministerio de Medio Ambiente a «defender con eficacia» su competencia para evaluar ambientalmente un proyecto que afecta a dos comunidades autónomas, «poniendo todos los medios necesarios para evitar el fraude de ley ideado por Tres Provincias SA y que consiste en segregar la parte cántabra del proyecto y tramitarla con posterioridad mediante una empresa paralela».

Aparte de exponer los hechos que rodean lo que considera un proceso de «especulación urbanística», ARCA alega ante el Defensor del Pueblo que «se está violando el modelo ético institucional que se desprende del preámbulo y del texto articulado de la Constitución Española».



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