EN su comparecencia de ayer en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, el director general de Tráfico, Pere Navarro, dio una vuelta de tuerca a su política en la materia al instar la reforma del Código Penal para que se tipifiquen como delitos la conducción con determinadas tasas de alcohol -por encima de un gramo por litro de sangre-, a velocidad excesiva -superar en 60 kilómetros por hora del límite de velocidad- y sin permiso, por no disponer del mismo o por haber perdido los puntos del nuevo carné. Las posibles sanciones penales a establecer irían desde las privativas de libertad hasta las económicas, pasando por los trabajos en beneficio de la comunidad, además de la pérdida del permiso de conducción entre uno y cuatro años.

La política del Gobierno en materia de tráfico y seguridad vial ha girado sobre dos ejes: el establecimiento del carné por puntos -que entrará en vigor en breve- y la acentuación de los mecanismos de control para la reducción de infracciones. Es innegable la firmeza y convicción del director general en su decisión de reducir el insoportable número de muertos y heridos en las carreteras. Sin embargo, la criminalización del conductor no debería ser la única herramienta para frenar la sangría de accidentes que se vive cada día en España. Aunque son responsables en buena medida de lo que ocurre sobre el asfalto, hay otros factores que exigen una rápida actuación, como la mala calidad y peor mantenimiento de demasiadas carreteras, muchas veces saturadas, la persistencia de excesivos 'puntos negros' y una señalización deficiente. Habría que tener en cuenta, además, principios elementales como el de intervención mínima, en virtud del cual el Derecho Penal es siempre el último recurso, cuando no pueda encontrarse otra respuesta posible, o el de proporcionalidad, que exige un equilibrio, siquiera sea relativo, entre el conjunto de las conductas sancionables; es decir, la prohibición de doble sanción -penal y administrativa- sobre los mismos hechos.

Aniversario del 23-F

Se cumple hoy un cuarto de siglo del episodio político más ignominioso de nuestro todavía joven proceso democrático: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el que se produjo el secuestro por un puñado de guardias civiles, comandados por el teniente coronel Tejero, del conjunto de los diputados y de todos los miembros del Gobierno de la nación. Hoy, aquellos hechos son recuerdos pintorescos y su evocación permite constatar el gran trayecto recorrido por nuestro sistema político desde aquella época hasta la modernidad actual.

Paradójicamente, aquel aparatoso intento que, desde luego, no favoreció en absoluto la evolución de nuestra imagen exterior ni contribuyó a la superación de la estampa de una España anacrónica, tuvo sin embargo el efecto de 'vacunar' definitivamente a la sociedad española contra tentaciones autoritarias de índole similar. El rechazo social a aquella intentona militar fue tan frontal y masivo que la posibilidad de que se repitiera algo semejante desapareció súbitamente por completo. Todos los españoles, y el Ejército el primero, interiorizamos aquella tranquilizadora realidad. El 23-F tuvo, asimismo, otros efectos colaterales igualmente benéficos: en primer lugar, el rotundo y claro rechazo pública de la Corona a los golpistas y su defensa airada del Estado de Derecho creó vínculos solidísimos y permanentes entre la ciudadanía y la Monarquía, que acabó de afianzarse definitivamente, y por méritos propios, en el vértice institucional que la Constitución le reserva. En segundo lugar, el repudio masivo a los promotores del golpe desacreditó para siempre a la extrema derecha, que ya no encontró desde entonces el medio de regenerarse y de constituirse en una verdadera fuerza política organizada. El golpe 'centró, así la política española.

Hoy, felizmente, vivimos en una democracia plenamente estabilizada en la que ya no tenemos que temer sobresaltos de aquella naturaleza, pero no por ello estamos autorizados a socavar sus fundamentos. Y no hay duda de que la excesiva crispación, las tensiones innecesarias, los disensos demasiados ruidosos y las hostilidades sistemáticas, aunque no tengan fuerza bastante para poner en riesgo su propia supervivencia, sí que debilitan innecesariamente nuestro modelo de convivencia.