EN un clima de manifiesto desencuentro entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, este sábado cumple años, nada menos que 23, el Estatuto de Castilla y León. Una efeméride que será despachada mañana, viernes, con una fría recepción protocolaria en Fuensaldaña, donde el presidente de las Cortes, visto que el horno no está para bollos, ha dejado mayores fastos y boatos para mejor ocasión.

De acuerdo con la agenda política marcada el pasado año por el presidente de la Junta, a estas alturas, el Parlamento regional tendría que estar trabajando en la reforma de nuestro Estatuto. Así estaba convenido por el conjunto de las fuerzas políticas de la comunidad y así seguía previsto hasta que al Partido Popular le ha dado por introducir confusión e incertidumbre: de tal modo que, poco después de que su portavoz parlamentario, José Antonio de Santiago, anunciara una interrupción indefinida, el presidente Herrera daba marcha atrás y ofrecía reanudar el diálogo, eso sí, responsabilizando de antemano al socialista Villalba del posible fracaso de una negociación todavía no iniciada.

A mi entender, la reforma del Estatuto no es ni por asomo el mayor problema que tiene planteado esta comunidad autónoma. Es más: creo que se trata de algo hoy por hoy perfectamente prescindible, que de hecho debiera posponerse a la espera de que se despeje el panorama autonómico resultante del Estatuto de Cataluña y del nuevo modelo de financiación que dimanará del mismo. De no modificarse -que obviamente va a ser que no- el Titulo VIII de la Constitución, el margen para elevar nuestras actuales cotas de autogobierno es ínfimo, ya que el vigente Estatuto agota prácticamente el techo competencial. Sabido es que aunque la cuenca del Duero discurre en el 98% por territorio de Castilla y León, la gestión del agua no está al alcance en el actual marco constitucional, que reserva al Estado las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas que se extienden por más de una comunidad.

Pese a que hay muy poco que rascar en cuanto a nuevas competencias y cuando todavía no se ha hecho efectivo el traspaso en materia de Justicia (pendientes desde 1999), lo cierto es que Herrera se comprometió hace ahora un año a impulsar una nueva reforma del Estatuto de Castilla y León. Y no solo eso: pese a que pensaba ceder la iniciativa a las Cortes regionales, se empeñó en protagonizar una apresurada ronda de consultas con representantes de instituciones y agentes sociales y económicos antes de exponer durante el debate parlamentario sobre el Estado de la Región las bases sobre las que debía sustentarse la nueva reforma estatutaria.

Por lo ya apuntado, personalmente me parecería de lo más razonable aparcar dicha reforma, como mínimo a la espera de comprobar cómo se adapta a la Constitución el Estatuto catalán. Aquello que Mariano Rajoy, con la fina ironía galaica que prodigaba antes de que se le pusiera cara de padecer una insufrible úlcera de estomago, equiparó a algo tan difícil como «hacer la permanente a un puerco espín». Prodigio que por cierto está llevando a cabo sin grandes dificultades la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados bajo la atenta supervisión de Alfonso Guerra.

Así pues, el PP y Herrera tendrían argumentos de peso para posponer la reforma de nuestro Estatuto, sin echar la culpa al maestro armero, en este caso al socialista Villalba, cuyo relevo llegó a ser exigido por el portavoz popular, De Santiago, como condición sine qua non para abordar la negociación. ¿Se imagina alguien a Rubalcaba condicionando la reforma de la Constitución a que el PP prescinda antes de Rajoy, de Acebes o de Zaplana? Como no podía ser de otra forma, Herrera ha tenido que corregir semejante despropósito, aunque para ello haya tenido que desautorizar a su propio álter ego político. Y llegados a este punto lo deseable sería que el PP dejara de marear la perdiz y clarificara de una vez sus intenciones respecto a la reforma del Estatuto, más que nada para que todo el mundo supiera a que atenerse.

La confusa posición del PP sobre la reforma del Estatuto ha venido acompañada de su decisión de restringir el grifo de las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales, lo que los socialistas se han tomado como una clara maniobra para intentar asfixiarles financieramente. (Hay que aclarar que, si bien el recorte afecta en mayor cuantía al PP que al PSOE, los socialistas no pueden suplir esos ingresos con la misma facilidad que los populares, quienes disponen de unas cuentas mucho mas saneadas gracias a la eficiente labor de su tesorero, Pedro Viñarás, todo un lince de las finanzas). Dicha restricción económica se adivina claramente en el trasfondo del epistolar cruce de reproches que se dedicaban en fechas pasadas Herrera y Villalba. Este último considera la maniobra como un golpe especialmente bajo después de que los socialistas apoyaran no hace mucho el Estatuto de los ex presidentes de la Junta, que garantiza a Herrera un dorado retiro como miembro casi vitalicio del bien remunerado Consejo Consultivo.

Lo mas insólito de todo es que esta tormentosa relación entre el PP y el PSOE de Castilla y León no se corresponde con la dialéctica marcada por una oposición implacable a la Junta similar a la que practica el PP contra el Gobierno Zapatero. Porque lo que se aprecia es más bien lo contrario: que además de gobernar a su antojo, Herrera y los suyos se permiten acorralar en su propia área a una oposición regional incapaz de rematar un solo balón en la contraria. (Ni siquiera ante un escándalo tan clamoroso como el del Sacyl, los socialistas han considerado oportuno pedir la dimisión del Consejero de Sanidad -algo que parecería elemental- ni tampoco la creación -igualmente de libro- de una comisión de investigación parlamentaria).

Y todavía Herrera se siente dolido con esta oposición y ordena, o al menos autoriza, represalias contra ella. Aquí algo no encaja.