El anteproyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Dependencia recibió ayer el aval del Consejo Económico y Social. El pleno del órgano consultivo formado por sindicatos, empresarios, consumidores y expertos, validó por amplia mayoría -45 votos a favor y 5 en contra- el esquema diseñado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para erigir el llamado 'cuarto pilar' del estado del bienestar.

La creación de un sistema nacional para la atención a las personas que por edad o enfermedad no pueden valerse por sí mismas es valorada por los consejeros como «un avance fundamental» en la modernización del sistema español de protección social. Junto a los parabienes, el CES introduce también matices, solicita precisiones en el futuro texto legal y recomienda cubrir algunos «flancos» desguarnecidos. El dictamen del CES aconseja mantener el «equilibrio» entre la cobertura universal de la prestación -el proyecto reconoce el derecho de todos los españoles mayores de tres años-, la suficiencia de la atención ofrecida, y la «sostenibilidad financiera del sistema», de modo que se garantice el acceso efectivo a la misma.

Equidad territorial

Para el CES, resulta imprescindible que la cobertura del Sistema Nacional de Dependencia (SND) llegue a todos los ciudadanos necesitados y llegue en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. Por tal motivo, los consejeros instan a extremar las cautelas y dejar bien amarrado el principio de «equidad interterritorial». También -dicen- hay que asegurar que el nivel mínimo de las prestaciones que garantizará en todos los casos la Administración general del Estado sea «suficiente en sí mismo» para satisfacer dignamente las principales necesidades.

Entre sus recomendaciones, el CES menciona la necesidad de precisar en la norma legal que, aunque el régimen general sea el de copago por parte de los usuarios de los servicios que se les presten, ningún ciudadano dependiente quedará sin atención por falta de recursos económicos. Hace además una especial mención a las necesidades de la población dependiente en los núcleos rurales, a la que hay que garantizar igualdad de acceso. Y, por último, sugiere la necesidad de crear un órgano similar a la Alta Inspección Sanitaria, encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema y el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las administraciones encargadas.