EN Cataluña existe una auténtica política de limpieza lingüística. Cuando los gobernantes catalanes lo niegan, sencillamente mienten. Nadie debería extrañarse de ello. Hay políticas que no tienen defensa racional posible. Si aun así el gobernante persiste en las mismas, solo le queda mentir. Los partidos que han gobernado en España se han limitado tradicionalmente a mirar hacia otro lado. Pero ahora la cosa ha empeorado; el actual Gobierno del Estado ya no se inhibe como los anteriores, sino que ha decidido apoyar con entusiasmo la política de persecución lingüística.

Quizá, visto desde lejos, todo esto parezcan exageraciones. Muchos son los que, tras pasearse por la zona, regresan con la tópica frase: «Pues yo no he tenido ningún problema». Faltaría más. Se trata de una cuestión política, no de cortesía ciudadana. La mayor parte de los catalanes son gente hospitalaria y cortés, que procuran, como es de sentido común, entenderse con el resto de la humanidad en la lengua más adecuada a cada ocasión. Pero la impresión de paso y de visita no hace justicia a la discriminación que sufren los castellanohablantes que viven allí, y a los que todos los días el poder nacionalista les hace saber que son ciudadanos de segunda, que hablan con sus hijos en la lengua equivocada, que han recibido de sus padres un idioma foráneo y maldito. No es una cuestión de convivencia en la calle, sino un problema político, generado y alimentado desde el poder político. Es el poder nacionalista el que se lucra de la situación, el que utiliza la lengua como ariete de control ideológico, como disculpa para insertar en la sociedad una verdadera red de comisariado político. La presión es particularmente asfixiante en el ámbito de la educación. Cualquiera que haya trabajado en un centro de enseñanza en Cataluña sabe a lo que me refiero. Pero la red de comisarios político-lingüísticos se ha ido infiltrando en todo el tejido social. Los funcionarios, los comerciantes, los jueces y los policías, los médicos y los artistas..., todos están ya, o empiezan a estar, vigilados con la disculpa de la defensa de una lengua.

La disculpa, por lo demás, es absurda. El catalán no necesita especial defensa, dado que nadie lo ataca. Los que hemos vivido en Cataluña tenemos por valioso el patrimonio cultural que esta lengua nos ha aportado, los horizontes de disfrute estético e intelectual que nos abre, la sentimos como propia y apreciamos su belleza. No he conocido a ningún residente en Cataluña que se niegue a aprenderla. Todos hacen esfuerzos para mejorar su conocimiento del catalán, todos se preocupan de que sus hijos progresen en este sentido. La actitud de los castellanohablantes catalanes, que son algo más de la mitad de la población, hacia la lengua catalana no puede ser más positiva. Por supuesto, el español como idioma tampoco está en peligro. Es una lengua pujante en todo el mundo y también en Cataluña, mal que les pese a unos pocos fanáticos. Pero aun así el problema persiste. Y es que no es una cuestión de lenguas, sino de personas, de derechos individuales de los ciudadanos. Habrá que repetirlo: no estamos ante una guerra de lenguas, sino ante el empleo torticero de una lengua como herramienta al servicio del control ideológico de toda una sociedad.

Se dirá que las leyes del Estado y las sentencias de los tribunales son garantía suficiente de que los derechos individuales no sean arrasados por la marea totalitaria. Pero en las zonas con gobiernos nacionalistas no es así. Las leyes que no les convienen sencillamente no las cumplen. Ante el incumplimiento flagrante de las leyes, de vez en cuando aparece algún heroico ciudadano que clama por sus derechos, pide para sus hijos el derecho elemental y constitucional a ser escolarizados en español. Entiéndase bien: está pidiendo la escolarización en su lengua materna, no la limosna de un par de horas semanales de castellano, ni el 'apartheit' humillante a que han sido sometidos algunos niños, condenados al rincón del charnego. Está pidiendo tan solo igualdad de derechos ciudadanos. Si el juez osa ampararle, entonces la sentencia no es acatada por la Generalidad, no se ejecuta y listo. Así de crudo. Para un nacionalista la tribu siempre está por encima de la ley y de las sentencias judiciales, y mucho más si hablamos de una ley y de unos jueces "españoles".

En Cataluña es imposible escolarizar a los niños en su lengua materna si ésta es la de Cervantes. Sería fácil desmentir este aserto, bastaría con la publicación de un listado de centros en los que un ciudadano pueda escolarizar a sus hijos en español. No aparecerá tal listado. Pero a cambio oiremos una y mil veces, en boca de quien lo produce, que no existe problema lingüístico. Los que lo hemos vivido sabemos que sí hay problema. Algunos han reaccionado humillándose y pidiendo perdón por hablar una lengua que no gusta al poder. Muchos nos hemos largado al tener el primer hijo, porque una cosa es aceptar que uno es ciudadano de segunda y otra es condenar a tus hijos a serlo. Otros allá siguen, sin pedir perdón, de pie, sufriendo la discriminación de cada día, sin atreverse a chistar, porque la vida en territorio nacionalista no es fácil para el disidente. Los mejores no han pedido perdón, tampoco se han ido, y además no se han callado a pesar de las incómodas represalias. No tendrán protección del Estado, ni atención de los medios, no tendrán película, ni canción ni poema ni novela. Vaya para ellos al menos este modesto homenaje de admiración hoy, Día Internacional de la Lengua Materna.