El ministro de Industria, José Montilla, dijo ayer que la demanda anunciada por la Aduana Nacional de Bolivia contra la petrolera Repsol YPF por un presunto delito de contrabando «entraba dentro de lo previsible», al tiempo que ha expresado su «respeto» por las decisiones que adopta un país soberano como Bolivia.

Montilla, que visitó Vilafranca del Penedés, donde ha clausurado la decimoquinta edición de Firavi, una feria técnica de la viña, el vino y el cava, ha añadido que los hechos «pertenecen a una etapa de Repsol que no es la actual». El ministro de Industria, que subrayó que Bolivia es «un país amigo», ofreció también el apoyo del Gobierno a la petrolera hispano-argentina, que hizo a todas las empresas españolas.

Como ejemplo, el ministro dijo que en la reciente visita a España del presidente ruso, Vladímir Putin, la mediación del Gobierno «posibilitó la firma de un acuerdo de colaboración» entre Repsol YPF y dos empresas rusas para explotar negocios conjuntos en el campo del gas.

«Repsol sabe que cuenta con el Gobierno español para la defensa de sus legítimos intereses», afirmó Montilla, quien destacó que los hechos objeto de la demanda responden a comportamientos «de hace tiempo».

Este apoyo, matizó Montilla, debe ser «compatible» con la «necesaria relación de buena vecindad y amistad» que España mantiene con Bolivia, con los países sudamericanos en general y con los más subdesarrollados en particular. Para Montilla, la demanda anunciada por el presidente de la Aduana, Ricardo Alba, «no es un tema que tome por sorpresa», ya que «podía suceder». La demanda acusa a Repsol de un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles, valorados en 7,54 millones de euros.