El proyecto de Estatuto de Cataluña continúa su proceso de racionalización en el Congreso. Los partidos han dado un paso en la dirección correcta y en un asunto que ha generado polémica: el 'conocimiento suficiente' del catalán será un mérito, pero no requisito para los jueces que aspiren a ocupar una plaza en Cataluña. La compartimentación de la justicia por razones lingüísticas no era de recibo con la Constitución en la mano, que sí permite en cambio que la descentralización convierta al Tribunal Superior en la última instancia, lo que reserva al Supremo la misión de unificar doctrina. El texto indigerible que salió del 'Parlament' es acomodado a las exigencias del sentido común y del ordenamiento constitucional. El PP no debería hacer como si nada ocurriese: cada vez es más insostenible obstinarse en el error.