LA difusión en la televisión australiana de una nueva serie de imágenes inéditas de prisioneros torturados en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, en plena crisis de las viñetas entre Occidente y el mundo musulmán, ha vuelto a poner de manifiesto que no hay peor forma de combatir la violencia y el terrorismo que desde fuera del Estado de derecho. Poco importa que las fotografías fueron tomadas en el 2003 y que los responsables de aquellos hechos hayan sido juzgados y condenados, porque su brutalidad y su obscenidad perviven sin justificación posible.

Tampoco las noticias que llegan referentes al limbo penitenciario de la base naval de Guantánamo, en Cuba, van a rendir mayores beneficios a los intentos por apaciguar la tensión internacional. El conocimiento de que las conclusiones del borrador de un informe de derechos humanos elaborado por cinco relatores la ONU, en el que se concluye que el tratamiento que da Estados Unidos a los detenidos viola sus derechos a la salud física y mental y, en algunos casos, constituye tortura, cuestiona aún más los débiles parámetros humanitarios con que Estados Unidos afrontó las intervenciones militares en Irak y Afganistán y entiende la lucha contra el terrorismo. La enconada defensa realizada desde la Casa Blanca de que los allí retenidos no pueden invocar la Constitución estadounidense por tratarse de 'combatientes extranjeros', deja sin argumentos el intento de la UE por reconducir las relaciones entre los países musulmanes y Occidente en un momento en que la búsqueda de valores comunes se ha convertido en imprescindible.

El Parlamento europeo votará hoy una resolución pidiendo a EE. UU. que cierre la prisión de Guantánamo. Y Washington debería entender que en esta petición se incluye el convencimiento de que la excepcionalidad, cuando rebasa las fronteras inviolables de los derechos humanos, nunca aporta soluciones duraderas. Es más, dinamita las posiciones de quienes dentro del Islam abogan por sociedades democráticas y plurales, y facilitan una poderosa y eficaz bandera de enganche para las facciones más radicales y destructoras. Las mismas contra las que toda la comunidad internacional debe luchar.

Mercado europeo

El Parlamento Europeo votará hoy una directiva destinada a facilitar la prestación de servicios por empresas europeas en los 25 países de la Unión. Las numerosas manifestaciones y polémicas alrededor de esta decisión entroncan con el 'no' francés a la Constitución del mes de junio. Entonces, muchos ciudadanos del país vecino votaron movidos por el miedo a una versión anterior y muy desfigurada de esta directiva, bautizada con el nombre del entonces comisario de mercado interior, Fritz Bolkenstein. Pero si se tiene en cuenta el contenido de la norma propuesta y ya pactada por la Comisión y los Estados, la conclusión es que nos encontramos ante un interesado debate entre más libertad económica y mayor competencia o más protección social y más salvaguardas ante la 'amenaza' de los nuevos miembros. Las voces autorizadas desmontan esta disyuntiva subrayando que la directiva de liberalización de servicios en su versión actual es muy equilibrada y en absoluto desmantelaría los sistemas de protección social de los países más prósperos; muy al contrario, la normativa permitirá su modernización, ya que el impacto en el crecimiento económico será positivo.

Cada ampliación de la UE ha sido vista siempre en clave de amenaza en algunos países o sectores sociales. Pero la realidad es que estos procesos han beneficiado al conjunto de los europeos y que el proteccionismo que se ha instalado en algunas partes de la Unión, desde que los gobiernos alemán y francés desafiaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no debe extenderse más. La directiva, que ha sido pactada por los dos grandes grupos del Parlamento de la UE, populares y socialistas, será un paso importante en la consolidación del mercado europeo, pese a que permitirá crear amplias excepciones con la definición por cada Estado de lo que serán 'servicios de interés económico general'. Y es que el principio de país de origen se mantiene finalmente, aunque no se enuncie con este nombre, por lo que se facilitará la mayor competencia entre empresas prestadoras de servicios, que gozarán de mayor seguridad jurídica y menos costes en sus transacciones.