La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León y la Fundación Universidad de Salamanca pondrá en marcha un programa de formación a profesionales en protección a la infancia en países de Iberoamérica. Un programa que fue ayer presentado en la ciudad salmantina por la consejera Rosa Valdeón y que persigue «formar a profesionales que impulsen la atención y la protección a la infancia» en estos países.

Rosa Valdeón señaló que la Junta tiene «un interés especial» en garantizar la defensa del menor y recordó que la ley autonómica marca que esta protección «tiene una proyección universal», por eso se conjugan actuaciones dentro de los límites regionales con otras acciones enmarcadas en el ámbito de la cooperación internacional.

El primer país beneficiario de este programa que cuenta en un primer año con un presupuesto de 24.000 euros y 48.000 euros anuales más por cada año que se prorrogue, será la República Dominicana. Un país que ha contado ya con la atención preferente de la Junta, con 19 proyectos de desarrollo dotados con 1,96 millones de euros.

Rosa Valdeón destacó que el nuevo programa de formación refuerza las anteriores líneas de cooperación mejorando la formación de recursos humanos en este país y mejorando el nivel de instrucción, cualificación y capacitación técnica de las personas que ya están trabajando actualmente en la protección a la infancia.

Un aspecto que la consejera subrayó especialmente, señalando que el objetivo último es contribuir a «corregir situaciones de explotación, maltrato, pobreza o marginación», factores que conjugados con otros problemas como la desestructuración familiar, «lleva a muchos niños a la delincuencia».

Por otra parte, la consejera de Familia recordó que la regulación de la prostitución es tarea del Gobierno y criticó los anuncios realizados en las últimas semanas asegurando que «el ministro Caldera ha dicho una cosa y la contraria». Valdeón señaló que el Gobierno ha considerado que la prostitución no puede ser legalizada al ser «intrínsecamente denigrante para la dignidad de la mujer» y después el propio ministro Jesús Caldera ha afirmado que las comunidades pueden «regular o no» esta actividad.

Rosa Valdeón, que manifestó no compartir la regulación puesta en práctica en Cataluña, señaló que «creemos que ahora es el momento de reevaluar todos los estudios que puedan existir sobre este aspecto y decidir a través de un comité de expertos».