LAS víctimas del terrorismo, tanto tiempo postergadas por las instituciones, han ido cobrando protagonismo a medida que la sociedad española ha ido madurando sus propias convicciones democráticas y metabolizando la sinrazón de la actividad terrorista, que por definición es la agresión más perversa que pueda imaginarse contra la sociedad civil, contra la ciudadanía e incluso para el logro de objetivos políticos que desde el mismo momento en que son defendidos por este medio pierden cualquier atisbo de legitimidad. Desde ayer, el Congreso de Víctimas del Terrorismo de todo el mundo, presidido por los Príncipes de Asturias, el tercero que se celebra tras los de Madrid y Bogotá y que reúne a víctimas españolas de ETA, del Grapo y del 11-M, así como a representantes de las víctimas de los grandes atentados islamistas del 11-S y del 7-J, está reunido en Valencia para estudiar diversos aspectos de su propia organización, su función asistencial y especialmente de su papel político, que aunque pueda estar al margen de opciones ideológicas concretas es, evidentemente, muy relevante en el frente del liderazgo social.

Las víctimas del terrorismo representan la vanguardia democrática que se ha opuesto al delirio homicida y destructor de los asesinos y sus cómplices, y han pagado por ello un alto precio. Ese mérito objetivo obliga a todos los demócratas a que las políticas antiterroristas y de pacificación tengan en cuenta su debido resarcimiento, cuando menos moral. Y ello es así hasta el extremo de que la actitud, el juicio, de las víctimas se convierte en la punta de lanza de la voluntad colectiva y en la piedra de toque de las políticas gubernamentales. Desafortunadamente este relieve de las víctimas ha excitado la codicia de unas fuerzas políticas que han tratado, y tratan, de ganarse su voluntad para obtener réditos electorales. Este forcejeo está en la naturaleza de las cosas y es irremediable, pero la forma de obviarlo no consiste en que el Gobierno o la oposición se desentiendan de ellas sino en que rivalicen en atenderlas. En consecuencia, es muy poco coherente que el presidente del Gobierno, que acaba de anunciar crípticamente «el principio del fin de la violencia», decline participar en el Congreso valenciano cuando sectores de las víctimas, arropadas en este caso por la oposición, declaran su temor a que ese mismo Ejecutivo, con tal de conseguir la paz, haga dejación de su responsabilidad y de sus principios frente al terrorismo etarra y sus círculos de influencia política. Para desmentir esta sospecha, a la que el Gobierno niega todo fundamento, el camino más corto sería sin duda la presencia de Rodríguez Zapatero mañana en la clausura del Congreso, acto en el que sustituiría con indiscutible ventaja al ministro del Interior.

Mala noticia judicial

La noticia del sobreseimiento y archivo por el Juzgado de Menores de Valladolid de la causa abierta por la agresión que sufrió en agosto pasado una joven, en cuyo brazo se grabó un símbolo nazi, vuelve a cuestionar severamente aspectos centrales del funcionamiento de la administración de justicia local, cuyos repetidos errores justifican la creciente preocupación ciudadana. A la indignación difícilmente contenida de los círculos próximos a la víctima que sufrió tan abominable ataque debe sumarse la conmoción que golpea a una opinión pública perpleja, que se pregunta por el mecanismo de su sistema de convivencia en el que se ha producido el gravísimo fallo que explique tan monstruosos comportamientos.

Solo unos meses después de que una actitud judicial rayana en la indolencia posibilitara la fuga de toda una familia de narcotraficantes en vísperas de la publicación de la sentencia definitiva que les condenaba a severas penas privativas de libertad, este nuevo error que ha propiciado la impunidad de los hechos por el transcurso del plazo de prescripción pone de manifiesto la necesidad de que se investiguen y depuren en serio las responsabilidades concurrentes, tanto entre la judicatura como entre la fiscalía locales. Porque aunque fuera cierto que la falta de medios técnicos hubiera impedido que el Juzgado de Menores contara con el preceptivo informe psicosocial antes del plazo de la prescripción, un ejercicio mínimamente diligente de sus obligaciones debiera haber llevado al Juez y al Fiscal a interrumpir ese plazo, máxime en una jurisdicción como esta en que no cabe la acusación privada y al fiscal corresponde por tanto en exclusiva el ejercicio de la acción penal.