El Parlamento Europeo prevé crear unos 600.000 empleos hasta el 2010 con la polémica directiva de liberalización del sector de los servicios, que espera aprobar el miércoles próximo. La iniciativa busca eliminar las barreras nacionales al asentamiento de empresas de otro socio comunitario, y permitir así que puedan operar de forma temporal en un país sin necesidad de abrir una filial.

Los grupos popular y socialista en la Cámara acordaron hace unos días suavizar los puntos más controvertidos de la medida para poder sacarla adelante. Los sindicatos, sin embargo, estiman que tendrá un efecto «devastador» en las condiciones laborales del continente, y por este motivo volverán a manifestarse mañana ante la sede de Estrasburgo.

La iniciativa ha tenido una controvertida y azarosa evolución desde que fue presentada en el 2004 por la anterior Comisión de Romano Prodi. Algunos de los miembros de la UE más ricos (como Francia, Suecia y Bélgica) se opusieron al llamado 'principio del país de origen', que establece que las empresas que presten un servicio temporal en otro territorio comunitario estén sujetas a la normativa de su Estado y no a la del destinatario.

Competencia

Estos socios temían la competencia de los nuevos miembros de la ampliación, que tienen unos precios más bajos y unas condiciones laborales mucho menos desarrolladas. También ha sido muy discutida la vastísima lista de servicios que están afectados por la directiva. Van desde la distribución comercial y la organización de eventos hasta la construcción y las inmobiliarias, pasando por la asesoría, la certificación, los laboratorios, la artesanía, el mantenimiento, el ocio y el deporte, el turismo y las agencias de viajes, la publicidad, la seguridad privada, el alquiler de coches o los profesionales (médicos, abogados, arquitectos,...).

El texto se ha ido suavizando de forma progresiva a lo largo de su tramitación para intentar conciliar los intereses contrapuestos de los distintos países. El pacto de populares y socialistas europeos establece que el país de destino seguirá regulando los aspectos laborales y medio ambientales. Además, podrá controlar a la empresa prestadora e imponerle requisitos especiales por razones de seguridad y salud pública, entre otros.