LLEGA hoy a Madrid el presidente de la Federación Rusa al frente de una importante delegación. Vladimir Putin realiza esta visita de Estado -la de mayor rango oficial- en un claro gesto destinado a enfatizar la voluntad de ambos países por elevar unas relaciones económicas y comerciales que no se corresponden con el potencial de ambos países.

La conducta de Putin ha provocado en Occidente desde su llegada al poder controversia y algo más que reticencias por su escaso entusiasmo hacia las reglas de una democracia genuina, especialmente por todo lo que sea oposición a su mandato, aunque él mismo haya sido un presidente elegido. Basta recordar su implacable gestión del conflicto en Chechenia o del asunto de la petrolera Yukos y su presidente Mijail Jodorkovski, encarcelado en Siberia, para comprender el escepticismo que muchos Gobiernos de la UE sienten hacia el 'zar' de Rusia. Pero en este peculiar proceso que los científicos sociales llaman pudorosamente «modernización autoritaria», hay ciertas luces que sirven para enlucir la fachada del gran edificio que Putin está construyendo: el PIB crece -si se incluye la economía informal- cerca del 10% anualmente, nunca ha habido más reservas de divisas ni la inversión pública ha sido más intensa; el dinero extranjero afluye, animado por un código de inversiones mejorable, pero suficiente, y la Bolsa de Moscú es una referencia insoslayable en el panorama financiero; fusta de 'enemigos' políticos, pero enfundada en unas instituciones de tenue barniz democrático y una efervescencia consumista que hace olvidar a sus ciudadanos ciertas disfunciones.

En este contexto, Madrid no mantiene una posición muy diferente del sus socios comunitarios. Sin suscitar ningún entusiasmo el autoritarismo de Putin, se aprecia su éxito económico. El Gobierno socialista, como los de Aznar, quien anudó lazos sólidos y buena sintonía personal con el presidente ruso, se limita a tener en cuenta estos hechos y hacer lo necesario para ser un interlocutor político y un importante socio comercial. La cuestión ahora es dilucidar si esta política pragmática terminará rindiendo los frutos que en términos estratégicos busca: ir integrando en Europa a un Estado geográficamente euroasiático cuyo perfeccionamiento democrático interesa sobremanera como factor de estabilidad. O si simplemente facilitará el advenimiento de otro régimen autoritario dispuesto a utilizar la llave energética contra Europa cuando lo crea conveniente para sus intereses.



En manos del Supremo

La posición adoptada y respaldada por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo sobre el derecho a la acumulación de penas de los terroristas Henri Parot y Santi Potros no han hecho mas que alimentar la polémica sobre la eventual influencia del poder político en la acción antiterrorista de la Fiscalía General. Tras conocerse públicamente el informe favorable de la Fiscalía del Supremo a la petición del etarra Henri Parot de acumulación de penas, Conde-Pumpido convocó inmediatamente una Junta de Fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo con el objetivo de despejar cualquier duda jurídica sobre la decisión y encontrar el unánime respaldo a sus tesis que suponen la interpretación estricta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sin dejar margen a otras interpretaciones.

Un sector minoritario de la Junta de Fiscales sostiene que la acumulación de todas las condenas de Parot en una única pena supone privilegiar a los delincuentes que hayan podido eludir la acción de la justicia. Por el contrario, la tesis defendida por la Fiscalía del Supremo ahora, a instancia de Conde-Pumpido, es la que atiende a una línea jurisprudencial asentada en la Sala Segunda y que es favorable al reo a la hora de interpretar el requisito de la conexidad entre el conjunto de delitos del mismo, y evitar la concatenación de condenas que en la práctica puede producir un efecto análogo a una condena perpetua.

Esta estricta y literal interpretación de la jurisprudencia puede chocar con la singularidad del caso de un condenado por más de 80 asesinatos (Parot) o por 25 de (Arregi Múgica), y, en consecuencia, con la expresión misma del principio de justicia material que de otro modo queda prácticamente vaciado. La jurisprudencia es, materialmente, dinámica y evolutiva. Por ello tiene ante sí el Tribunal Supremo una dificilísima tarea en cuanto debe hacer un juicio de ponderación entre su propia doctrina, articulada en relación a otra tipología de delitos y de condenados, y los valores o principios vinculados a la idea misma de la justicia.