Manuel García Álvarez no verá cumplida como Procurador del Común, puesto que fue relevado en otoño pasado por Javier Amoedo, su reiterada petición de cambios en la Ley de Drogodependencias para restringir la venta de alcohol junto a autovías y autopistas. García Álvarez aducía que las administraciones no podían mirar hacia otro lado con los accidentes de tráfico, motivados, en muchos casos, por el consumo excesivo de alcohol. «Sobrepasar los límites permitidos de alcohol conlleva una merma importante de las facultades, así como de la peligrosidad para evaluar riesgos, situación que resulta muy peligrosa cuando se conduce», recoge el informe anual del Procurador del Común sobre las quejas y actuaciones de oficio que su departamento investigó en el 2003. A ese año, concretamente a julio, se remonta la primera recomendación del Defensor del Pueblo de Castilla y León para atajar esta situación. El informe del Procurador se hacía eco de que, en la práctica, la prohibición de comerciar con bebidas de alta graduación (más de 18 grados) en las áreas de servicio de las principales vías de comunicación carecía de aplicación sobre el terreno.

García Álvarez constataba que la redacción de la ley, que no vincula de forma expresa a los establecimientos hoteleros y hosteleros, hace prácticamente inaplicable las restricciones para acotar el consumo de alcohol entre los conductores de autovías y autopistas. Los responsables de estos locales están también amparados por una imprecisión en la redacción sobre el acceso a estos establecimientos y se acogen a que se llega a ellos por una vía de servicio y no directamente desde la autovía o autopista, caso, por otro lado, muy poco probable en este tipo de carreteras.