LA ola de indignación que ha recorrido el mundo musulmán y, sobre todo, su desproporcionada respuesta ante la publicación de una serie de caricaturas sobre Mahoma deberían servir como claro aviso de la lenta pero imparable radicalización que se está produciendo en esa sociedad. Los creyentes musulmanes heridos por la reproducción de la imagen de su venerado profeta pueden fomentar boicoteos comerciales, expresar quejas diplomáticas y, desde luego, argumentar racionalmente que caricaturas semejantes no ayudan a combatir el neofundamentalismo en auge, pero, en ningún caso, pueden asaltar embajadas o secuestrar europeos. Y sus gobiernos deberían haber evitado tales excesos. Ha sido penoso ver a los ministros árabes de Interior pedir sanciones contra los periodistas daneses, protegidos por el fuero de una democracia ejemplar que mantiene contra viento y marea la libertad de expresión.

En Occidente, las opiniones de los medios de información y de los gobiernos se han dividido. Lo que era de prever, porque la decisión de difundirlas comportaba, con seguridad, la reprobación de buena parte de los creyentes musulmanes, mientras que su no difusión equivalía a una censura inapropiada. Todos los criterios sobre el particular son dignos de atención y, en sus contextos, son incluso inapelables: el primer ministro danés está en el derecho de ejercer sus convicciones cuando dice que no puede, ni quiere, indicar a un periódico lo que debe o no publicar. Pero igualmente ha sido irreprochable el ejercicio de autocontención de la prensa británica, para evidente alivio del Gobierno de Blair.

La libertad de expresión es un derecho, pero el sentido común es un deber. Desde esta óptica es obvio que dibujantes, articulistas o editores no tienen por qué admitir limitación alguna en sus viñetas o sus artículos, salvo las establecidas por las leyes democráticas en sus países, y Mahoma no tiene por qué ser una excepción, ni siquiera en el trazo grueso de su turbante-bomba. Pero haber creído que en la actual coyuntura tal actitud no suscitaría reacciones de fuerte desaprobación entre los creyentes musulmanes ha sido una torpeza innecesaria.



El trámite de la reforma del Estatuto de Cataluña en la Comisión Constitución del Congreso comienza mañana. El borrador sobre el que se debatirá ya no es el aprobado por el legislativo catalán, sino el que ha surgido del acuerdo Gobierno-CiU, que incorpora al preámbulo -no en el articulado- la palabra 'nación' y establece un sistema de financiación que el Gobierno pretende extender al resto de las comunidades. El papel de la Comisión Constitucional habrá de centrar sus debates en dos objetivos: asegurar la plena constitucionalidad del proyecto y dar consistencia al carácter solidario de la propuesta, un objetivo de cumplimiento necesario para mantener la idea fundacional de los constituyentes.

No cabe duda de que el nuevo Estatuto de Cataluña podría tener un valor referencial para las demás autonomías, si finalmente se cerrase un texto consensuado e integrador que prescinda de preceptos como la obligatoriedad de las dos lenguas cooficiales. Si durante los últimos 25 años la convivencia del español y el catalán ha sido tan ejemplar como las propias autoridades lingüísticas sostienen, no sería lógico dar ahora una vuelta de tuerca a la cuestión del idioma para convertirlo en un verdadero obstáculo de integración. El nuevo modelo de financiación afectará igualmente al conjunto de las autonomías de régimen general; por ello, estamos en puertas de una ley orgánica especial que modulará toda la reforma territorial. Y no es razonable que esta empresa no cuente con la presencia activa del principal partido de la oposición en la tarea de supervisar que la reforma del sistema autonómico no se haga a costa de beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. El Gobierno tiene que resultar creíble en su llamada al PP a la plena participación en los debates y en los acuerdos; y este partido debería, a su vez, hacer el esfuerzo de renunciar a utilizar como ariete contra el Gobierno la delicada coyuntura de la reforma estatutaria catalana, a cambio de configurar en el proceso de debate en Comisión el perfil de su alternativa política frente a la apadrinada por los socialistas.