LA coincidencia de la accidentada salida de los mal llamados 'papeles de Salamanca' con el acuerdo base para la reforma del Estatuto de Cataluña ha desencadenado la tormenta política que era de esperar de la estrategia seguida por el Partido Popular respecto a la política autonómica -una reforma constitucional encubierta, según los populares- del Gobierno Zapatero.

Una suerte de cruzada emprendida por la derecha patria en la que la Junta y el PP de Castilla y León, envueltos en la bandera del Archivo salmantino, se habían constituido ya en adelantado de martillo de herejes. Después de elevar la supuesta pérdida de la integridad documental de un archivo a la categoría de ruptura de la unidad nacional, ¿qué cabía decir de las concesiones que conlleva el acuerdo sobre el 'Estatut'?

Lo cierto es que la finta de Zapatero de basar el pacto catalán con Artur Mas y los nacionalistas de CiU (antiguos socios políticos de Aznar) en detrimento del satanizado Carod Rovira y los suyos, ha dejado bastante descolocado al PP, cuyo discurso apocalíptico ya no puede incluir la venta de la patria a los «republicanos separatistas» de ERC. Y la inclusión del termino «nación» en el preámbulo ha quedado completamente descafeinada tras reproducirse en el artículo 1 la misma definición adoptada en el Estatuto vigente desde 1979. ¿Dónde sustentar entonces el agravio? Evidentemente en el nuevo reparto territorial de los dineros del Estado al que conduce el acuerdo Zapatero-Mas.

De creer a la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con el futuro modelo de financiación resultante de aplicar la nueva cesta de impuestos acordada para Cataluña Castilla y León perderá 1.200 millones de euros anuales. Y ello porque la Consejera da por hecho que desaparecerá, sin más, el actual Fondo de Suficiencia destinado a nivelar los ingresos de las comunidades fiscalmente 'deficitarias'. Frente a ello, los socialistas de Castilla y León aseguran que la comunidad no perderá un solo euro, ya que no tienen ninguna duda de que se mantendrá el citado Fondo con la cuantía necesaria para que la mayor cesión de impuestos arroje un resultado neutro.

La polémica es tan estéril como virtual, puesto que ni Del Olmo tiene base para afirmar lo que afirma ni los socialistas pueden garantizar lo que pretenden garantizar. Sencillamente habrá que esperar a la negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber en qué queda la cosa. Hasta entonces todas las estimaciones serán prematuras y políticamente interesadas.

De hecho, como se ha ocupado oportunamente de recordar el Delegado del Gobierno, Miguel Alejo, el propio presidente de la Junta, tras entrevistarse con el presidente de Andalucía en Sevilla, no rechazó esa mayor cesión de impuestos, siempre que se mantuvieran los actuales instrumentos de solidaridad (Fondos de Suficiencia y Compensación). Ello ha impedido a Herrera asumir personalmente las posiciones catastrofistas de la consejera de Hacienda, respaldadas, eso sí, por el álter ego del presidente y portavoz parlamentario en Fuensaldaña, José Antonio de Santiago, quien se ha descolgado nada menos que pidiendo la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Y según él mismo aclaró, no es una «boutade».

Otro tanto puede decirse respecto al compromiso de Zapatero de equiparar en los próximos siete años las inversiones del Estado en Cataluña al PIB de esta Comunidad. Según la Consejera, de generalizarse dicha medida Castilla y León perdería otros 650 millones de euros al año. Sin embargo, en ningún sitio está escrito que dicha media haya de generalizarse, algo por otra parte completamente impensable. Por lo tanto a lo que habrá que estar cada año es a esa distribución territorial de las inversiones del Estado, que en el año 2006 discriminan positivamente a Castilla y León hasta el punto de ser la comunidad autónoma más beneficiada en el diferencial respecto al PIB. Frente a este hecho cierto -que se traduce justamente en esos 650 millones referidos por la Consejera- lo demás son futuribles. Y si a eso se añade que Zapatero se ha comprometido con Herrera a destinar a Castilla y León al menos 900 millones del nuevo Fondo de Cohesión, elevando con ello de un 6,5% a un 30% nuestra cuota regional de participación en el mismo, el agravio comparativo pasa a ser argumento de otras comunidades.

Pero como el papel lo soporta todo y las cifras son tan moldeables como la plastilina, no es de esperar que el PP renuncie al discurso victimista que tanta rentabilidad cree que le reporta. No ya por lo que suponga de desgaste a los socialistas, sino por la densa cortina de humo que extiende sobre la propia labor de Gobierno en la Junta, relegada a un segundo plano que permite camuflar los aspectos más comprometidos de su gestión. Así, entre polémicas estériles o virtuales, ha pasado casi de puntillas la adjudicación del nuevo Hospital de Burgos. Esto es, la puesta en marcha de un modelo semiprivatizador de la sanidad pública, mediante el que una inversión de 240 millones de euros acabará costando a las arcas de la comunidad la friolera de 1.027. Un auténtico 'pelotazo' resultante de una privatización parcial de la que esta vez el consejero de Sanidad, César Antón, no se ha enterado por la prensa. Algo vamos avanzando.