Los antiguos administradores de la fábrica de quesos Rofer, situada en la localidad leonesa de Pola de Gordón, Concepción Fernández y José María García, se enfrentan a una pena de dos años de cárcel que pide el fiscal, tras la denuncia presentada por cinco ganaderos que surtían de leche a la quesería.

El caso se está investigando desde el Juzgado de Instrucción número 4 de León y trata de probar si los dos antiguos administradores cometieron un delito de apropiación indebida.

En la denuncia presentada se acusa a la compañía de retener el dinero que los cinco ganaderos tenían que pagar en la campaña 2002-03 en concepto de la supertasa láctea.

Arcas del Estado

Según denuncian los afectados, la quesería nunca envió el dinero a las arcas del Estado, como era su obligación y por eso, más tarde, esos cinco ganaderos afectados no pudieron recuperar el dinero que el FEGA -Fondo Español de Garantía Agraria- devolvió a todos los ganaderos que habían pagado la multa por exceso de leche, ya que ese año precisamente no se rebasaron los límites máximos de producción.

Por eso, el fiscal acusa a los antiguos administradores de Rofer de apropiación indebida de un capital que asciende a 17.539 euros, sumando las cuotas pagadas por los cinco denunciantes.

Cada uno de ellos también está representado por una acusación particular que realizará su propia petición de pena.

Actualmente la fábrica no tiene actividad porque en el año 2003 entró en suspensión de pagos y posteriormente se declaró en quiebra, pese a que diariamente, setenta ganaderos de la provincia de León surtían de leche a la fábrica

El próximo mes se cumplirá un año desde que se celebró la junta de acreedores que certificó una deuda de dos millones de euros, de los que la tercera parte se le debía a los ganaderos que suministraban la leche a esta fábrica leonesa.