El temor a una paralización cautelar de planes de obras que suponen una inversión de 24 millones de euros si el recurso del grupo socialista termina en el Juzgado Contencioso-Administrativo ha hecho que el equipo de Gobierno de la Diputación acepte sentarse a negociar con la oposición determinados aspectos del siempre polémico reparto. «No podemos jugar con esa millonada de inversión y con los intereses de los pueblos», señaló el diputado del área de Planes Provinciales, José Ignacio Isidro, quien anunció para mañana una primera reunión con el portavoz socialista, Tomás Omañas, a quien solicitará de entradas la retirada del recurso de reposición, previo al contencioso.

Isidro se mostró molesto por lo que considera una táctica «de amenazas» por parte de los socialistas, «porque lo que han venido a decir es, o hacéis lo que digamos o vamos al juzgado, y eso no es una negociación». Si los planes de obras terminan en los tribunales, advirtió, «podemos tirarnos un año de juicios para sacar adelante los planes para el 2007, pero el 2006 se pierde».

Aunque no es la primera vez que el reparto de los planes provinciales es impugnado, el equipo de Gobierno considera que el actual recurso presenta una diferencia sustancial respecto a los anteriores, y es la petición de paralización cautelar, que, según el diputado, podría ser admitida «automáticamente» por el juzgado, antes de entrar a analizar el fondo de la denuncia.

La decisión de reconsiderar la distribución de algunas cuantías se ha tomado también en reacción a la petición para buscar una solución de consenso realizada por la patronal Asconza, una de las dos asociaciones de constructores de la provincia.

En sus respectivas reuniones con el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, el pasado lunes, y con el portavoz de la oposición, ayer, los constructores alertaron sobre las repercusiones que tendría para el sector la paralización de adjudicaciones de obras a entre treinta y cuarenta empresas que emplean a unos quinientos trabajadores de la construcción.

Controversia

Así las cosas, en la reunión negociadora de mañana se abordará la distribución de una partida de más de un millón de euros para la conclusión de obras ya iniciadas, que constituye uno de los argumentos principales del recurso, ya que los socialistas denuncian que el reparto se decidió «de viva voz» en una comisión informativa con mayoría del PP, después de que los técnicos de la Corporación provincial se negaron a aplicar este criterio porque era «imposible de aplicar». De la partida de 1.075.000 euros el Ayuntamiento más beneficiado fue Toro, que se llevó el 27% de los fondos.

Al término de la reunión con los constructores, el portavoz socialista se ratificó en los planteamientos de su grupo y recalcó, en relación a las advertencias sobre las repercusiones de una hipotética paralización de los planes, que «el culpable de esta situación es quien no respeta la legalidad, y no quienes hemos elaborado un recurso en defensa de esta y del interés común».

Bajo esta premisa acudirá Omañas a la reunión que convocará el grupo de Gobierno, «porque la solución está en manos del presidente, no en las nuestras. De lo que se trata es de establecer unos criterios objetivos para preservar la justicia y la equidad en el reparto de los fondos».

Alegaciones

Aunque el del PSOE es el único recurso presentado, el diputado del área de Planes Provinciales explicó que la Diputación ha recibido aproximadamente una docena de alegaciones de ayuntamientos en desacuerdo, principalmente, con la cuantía asignada. La mayoría de ellos solicitan recibir al menos la misma cantidad que en la pasada convocatoria.

Incidió Isidro en la necesidad de alcanzar un acuerdo rápido, dada la premura de plazos para que los expedientes estén en manos de la Administración central el próximo abril.

Los ayuntamientos de la provincia disponen ahora de apenas un mes para la elaboración de los proyectos.