El vuelo del 'Yakolev-42D' que se estrelló en Turquía en mayo del 2003 fue ilegal desde su inicio y la empresa ucraniana propietaria del aparato lo sabía, pero no hizo nada por evitarlo. Esta es la conclusión principal a la que llegaron los letrados de la acusación, que actúan en nombre de las 62 familias de las víctimas de la catástrofe, en el juicio civil que se celebra en Zaragoza contra las compañías UM Air, dueña de la aeronave; Chapman Freeborn, que subcontrató el vuelo a través de la OTAN, y la aseguradora Busin Joint-Stock Insurance.

Los demandantes, que reclaman 60 millones de euros en compensaciones por los daños padecidos, apoyaron esa tesis en el informe sobre el accidente que elaboró el investigador de siniestros aéreos Orlando Jiménez por encargo de las familias. Su dictamen ya apuntó hace dos años a hechos que después confirmó el informe de la comisión internacional -integrada por Ucrania, España, Turquía y Rusia- como causas de la catástrofe. Entre ellos señaló la poca experiencia y escasa formación de la tripulación, su fatiga tras 23 horas de trabajo y su desorientación al iniciar el frustrado aterrizaje, que derivaría de una cadena de errores de los que culpó a los dueños del avión.

Para este experto, lo más grave es que aquel vuelo fue ilegal desde su inicio y, según las leyes internacionales de navegación aérea, el 'Yak-42' jamás debió despegar. Entre otros motivos porque tenía averiada desde hacía 45 días su segunda caja negra, que graba las conversaciones de voz en cabina, y porque el ingeniero -piloto principal- llevaba su certificado médico de vuelo caducado, circunstancia que invalida a toda la tripulación.

Orlando Jiménez, que para su peritaje analizó la caja negra que registra los movimientos del avión, las grabaciones de las conversaciones del piloto con la torre de control del aeropuerto de Trabzon y toda la documentación, criticó a UM Air por su falta «total» de interés en cuestiones de seguridad. La empresa, recalcó, «no hubiera resistido en ningún caso una auditoría de seguridad aérea» y sus empleados estaban «por debajo de los estándares de seguridad mínima» antes del despegue.

La representación de las familias cree también acreditado, por los testimonios que aportaron varios militares, que la empresa dueña del 'Yak-42' no expidió billetes a los viajeros. El hecho es importante para cuantificar las indemnizaciones a percibir por cada familia, porque al no haber tiques de viajes podrán calcularse de forma individual y sin tener en cuenta los límites que fija el Convenio de Varsovia de aviación civil.

En «perfecto estado»

El representante legal de UM Air y Busin Joint-Stock Insurance, el letrado Rodolfo González Lebrero, aseguró en sus conclusiones que la compañía debe ser exonerada de cualquier responsabilidad porque había tomado «todas las medidas» de seguridad, la nave estaba en «perfecto estado» y el vuelo «bien planificado». El abogado llegó a insinuar que los investigadores «pudieron borrar» la caja de registro de voz para que nunca se llegase a conocer la verdad sobre lo que ocurrió en la cabina.

La empresa demandada también llamó a declarar a un perito, Ángel Arroyo, que dedicó su exposición a desvirtuar por «malo» y por «sesgado» el informe de la comisión. Este experto, comandante de aviación jubilado, culpó del accidente a los trabajadores de la torre de control de Trabzon porque, según su investigación, cometieron un «error fatal» al designar la pista 2/9 como lugar de aterrizaje. Arroyo, para quien la tripulación «maniobró bien», también destacó que las cartas de aproximación al aeropuerto que manejaba la tripulación eran erróneas.

El abogado de las empresas aseguró que las familias «no están legitimadas» para exigir compensaciones, acentuó el carácter 'sui generis' de los pasajeros y señaló que el vuelo no era civil, sino «una operación logística de transporte de tropas». No obstante, pidió finalmente que se aplique el Convenio de Varsovia con las limitaciones que establece al pago de las indemnizaciones.

El representante de la tercera empresa demandada, Chapman Freeborn, a quien el juez dio oportunidad de presentarse en la vista ayer al no comparecer el día anterior, tampoco acudió esta vez. Esta compañía, que ni siquiera designo abogado en el proceso, podría ser declarada en rebeldía.