Fieles a las disciplinas de sus partidos. Tanto Alfonso Guerra como Federico Trillo-Figueroa respaldaron ayer las posturas de PSOE y PP, respectivamente, en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Cataluña. Los dos políticos coincidieron en la presentación en Valladolid del libro 'La reforma de los estatutos de autonomía', editado por la Revista Jurídica de Castilla y León promovida por el Gobierno autonómico. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, que hasta ahora se había mostrado crítico con el contenido de la propuesta, elogió el trabajo «de algunos partidos» que se han reunido para llevar a la comisión propuestas que «resuelvan los problemas de constitucionalidad» por lo que el acuerdo, dijo, «va en la buena dirección». Guerra anunció que dentro de unas semanas -previsiblemente el 6 de febrero- se constituirá la ponencia conjunta de diputados nacionales y catalanes «y en marzo o abril podremos saber si el Estatuto es o no un acierto». Respecto a la petición del PP de convocar un referéndum nacional, el dirigente socialista aseguró que se trata de una iniciativa «que responde más a razones de propaganda política que a profundizar en el debate» y recordó que Piqué tendrá participación ya que en la comisión habrá una delegación de Cataluña.

Mientras que Trillo, portavoz del PP en la Comisión Constitucional, aseguró que la postura de Josep Piqué es la misma que defiende el partido en el ámbito nacional. Eso sí, matizó que el líder del PP, Mariano Rajoy, defenderá personalmente algunas de las enmiendas como la del concepto de nación, la preservación de las competencias del Estado y la financiación. El dirigente del PP añadió que el objetivo ahora es defender esas enmiendas en la comisión y tratar de convocar a todos los españoles para que se posicionen sobre la configuración del Estado de las Autonomías.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, alertó del «riesgo de quiebra» de los principios constitucionales de la solidaridad territorial que representa la reforma del 'Estatut'.