No es fácil tejer una prenda que abrigue por igual al viticultor de seis hectáreas en vaso, a la explotación vitícola de 200 en espaldera, al cosechero familiar de cien mil botellas, al del vino 'top' de cinco mil unidades, a la cooperativa y a la firma capaz de comercializar más de cinco millones de botellas. No es sencillo dictar una norma que agrade a todos y que garantice al consumidor final un producto amparado por una figura de calidad, que es el meollo de esta Ley. De ahí la demora y la cirugía gramatical. Una Ley que logrará disipar las dudas y creará el marco legal de un sector que va bien, crece y tiene aceptación en los mercados. Para no perderla conviene desencorsetar el riego justo, garantizar la reserva regional de derechos, frenar la frivolidad en el etiquetado, hacer mucho más transparente y libre la acción de los órganos de control y regular definitivamente el vino de pago, categoría que el borrador coloca en un peligroso nivel de la más alta consideración.

¿Vaya 'par de narices'! que deberán tener los expertos en análisis sensorial porque, a pesar de la conocida subjetividad, su olfato será determinante a la hora de puntuar entre los mínimos exigidos de 56 puntos a los Vinos de la Tierra de Castilla y León y los 91 de los de pago. El interrogante está servido. ¿Solo un vino de pago tiene tanta calidad como para obtener 91 puntos? ¿Al resto de los vinos se les exige menos? Una marca de Ribera podrá utilizarse en Rueda, en Toro, en Bierzo y al revés. Un respiro, con matices, siempre que no salga del mapa regional del vino.