La Audiencia Nacional decidirá hoy con total probabilidad si se mantiene o no la suspensión cautelar del traslado de los papeles sacados del Archivo General de la Guerra Civil con destino a Cataluña. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo registró ayer su segundo día de deliberaciones después de escuchar el martes a ambas partes y estudiar la nueva documentación presentada por el abogado del Estado, que solicita el levantamiento de las medidas cautelares. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca pide la ampliación de esta medida con el regreso de las 500 cajas que permanecen inmovilizadas en Madrid, en el Ministerio de Cultura, a Salamanca, «para que puedan cumplir con su función para los investigadores».

La Audiencia debe pronunciarse, según los testimonios recogidos en la vista oral, sobre si permite que todas las cajas lleguen a Cataluña o solo las 330 que, según los indicios técnicos, albergan documentación cuya propiedad sí corresponde a la Generalitat de Cataluña.

Una situación que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, valoró ayer como un «incidente procesal» durante su visita a la capital salmantina. El ministro insistió en que lo que se está deliberando en la Audiencia «no afecta en absoluto al fondo de la cuestión, y eso los ciudadanos lo tienen que saber».

López Aguilar argumentó que la decisión de la Audiencia Nacional de suspender la devolución de los papeles contenidos en las primeras 500 cajas sacadas del Archivo General de la Guerra Civil supone una «medida cautelarísima que no puede aplicarse, porque en la práctica está provocando la suspensión de una ley».

El Ayuntamiento de Salamanca presentó el pasado viernes un recurso contencioso impugnando la orden que ejecuta la salida de las primeras cajas alegando que no está amparada por la Ley de Restitución Documental a Cataluña al incluir documentos que no pertenecen a la Generalitat de Cataluña.

Daños irreversibles

Para presentar un recurso contra una orden ministerial -la que realizó la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el 19 de enero para que salieran los papeles-, la Audiencia Nacional es el organismo competente. Sin embargo, el ministro insistió en que las peculiares circunstancias están llevando a que la Audiencia esté paralizando con estas medidas cautelares «la aplicación de la propia ley», y señaló que «debe prevalecer el cumplimiento de la Ley de Restitución por encima de cualquier otra cosa, y por lo tanto la Audiencia debe dictar el levantamiento de las medidas cautelares», argumentación que apoyó en «sentencias del Tribunal Supremo».

El ministro de Justicia también hizo hincapié en que la Ley de Restitución Documental es «la manifestación de la soberanía de todos los españoles» y mostró su convencimiento de que el Gobierno «está actuando correctamente porque se está basando en todo momento en una ley».

Insistió, además, en que no hay «ningún riesgo efectivo» para los documentos que justifique el mantenimiento de la suspensión cautelar del regreso de los papeles a Cataluña y subrayó que «ni hay daño irreversible» que pueda producirse, ni «los derechos fundamentales de ningún salmantino o ningún español se ven afectados».

En Cataluña, la Comissió de la Dignitat ha decidido mantener para mañana viernes, 27 de enero, en el Casino L'Aliana del barrio barcelonés de Poblenou, el acto de homenaje a las víctimas del expolio de documentos durante la Guerra Civil, según informa Europa Press.

Bajo el lema 'Recuperem els papers. Esborrem el dret de conquesta' (Recuperemos los papeles. Borremos el derecho de conquista), el acto, al que está previsto que asistan numerosas personalidades del mundo político y cultural, contará con los parlamentos del filósofo Xavier Rubert de Ventós, la escritora Isabel-Clara Simó y el alcalde de Mieza (Salamanca), Julio Fernández.