LA Constitución del 78 estableció un sistema autonómico, a dos o más velocidades, con un régimen competencial a la carta y sin una lista explícita de materias indelegables por parte del Estado. Imbuidos por el espíritu de pacto y consenso se dejó un Título VIII muy abierto para que fuera asumido por todos. Bueno, por casi todos. Según las previsiones de aquellos constituyentes del «café para todos», con el paso del tiempo las comunidades autónomas equipararían sus poderes, de modo que las aspiraciones seculares de nacionalistas de vascos y catalanes se diluirían por fin en el magma descentralizado del Estado de las autonomías. Casi treinta años después, el problema del encaje del País Vasco y Cataluña en España, lejos de haberse encauzado, parece más enquistado que nunca. Las dos velocidades, en vez de desaparecer, han profundizado la zanja que distingue entre naciones y regiones españolas.

Artur Mas, tras ratificar el texto del 'Estatut' con Rodríguez Zapatero vino a decir que ahora hablarían de tú a tú con el Estado. Al igual que ocurría en 1978, la mayoría de las fuerzas políticas catalanas continúan reclamando para Cataluña relaciones de bilateralidad. Algo imposible de asumir, no solo porque dispara directamente a la línea de flotación del sistema autonómico, sino porque, de llevarse a la práctica en los términos exigidos, representaría de hecho la desaparición del Estado en Cataluña. Una cosa es que la Generalitat forme parte del Estado, y otra distinta que asuma todas las competencias, las blinde en función de unas vaporosas prerrogativas históricas, y disponga además de representación propia en todas las instituciones centrales. Más allá de alcanzar una mayor financiación, del dinero, como brama Ibarra, se trata de algo de mucho más calado: alterar sustancialmente la estructura del Estado.

Pasqual Maragall se refiere a veces a España como la nación grande, pero no tiene duda alguna de que Cataluña es otra nación. Es un convencido federalista que trata desde el PSC de infundir el mismo espíritu al PSOE. Una vía, la catalana, asumida ahora por los socialistas vascos que ven en el acuerdo la mejor herramienta contra la imposición del Plan Ibarretxe. Aunque esté por ver que la discutible fórmula federalista pueda reconducir las cosas en España, porque lo que subyace en el proyecto político y estatutario vasco es, en el mejor de los casos, un modelo confederal. Una sui géneris 'Commonwelt ibérica' de estados independientes asociados bajo el simbólico paraguas de monarquía constitucional y, quizás, un primer ministro. Estados que serían, salvando las distancias, algo así como el archipiélago antillano de Antigua con sus islas Barbuda y Redonda, aunque con la diferencia notable de que en este territorio de clima tropical solo tienen un idioma oficial: el inglés. Parece broma, pero no lo es.

Cataluña es una nación para una parte de los catalanes y así se hará constar en el bello preámbulo de un 'Estatut' que expresa sin perífrasis que Cataluña aspira a ejercer sin intermediarios sus derechos como pueblo. Rubalcaba resta importancia a este hecho porque su ubicación en el texto final hace que no tenga valor jurídico. A su argumentación se le puede dar la vuelta del calcetín. Precisamente porque los preámbulos no son recurribles ante el Constitucional debe cuidarse al máximo su redacción. El presidente Zapatero lo ha fiado todo a su optimismo antropológico para salir del embrollo en el que le metió Maragall. Y ahora aspira a recuperar el gran coste político que todo este proceso está acarreando al Partido Socialista. Pero el hecho de que las aguas puedan volver a su cauce no es garantía alguna de que no haya futuras y peligrosas riadas.

En medio de toda esta tormenta política, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia para este año recién comenzado un Estatuto «personalizado» de Castilla y León, donde, además del reconocimiento explícito de «comunidad histórica» y una mayor «proyección en el exterior», se contemple adecuadamente la gestión del río Duero por la Junta. La Cuenca del Duero, dice: «Constituye un importante elemento definitorio que no tiene ninguna otra comunidad». Y también admite, tras la reunión con su homólogo andaluz, el socialista Chaves, la posibilidad de que Castilla y León gestione hasta el 50% de la cesión del IRPF, una propuesta que el presidente ve con recelo si con ella peligran los mecanismos de solidaridad. Con la que está cayendo, las líneas programáticas esbozadas por Herrera, pueden parecer puro lirismo con ribetes de política naif y, sin embargo, parecen de lo más prudente. Hace tiempo que la comunidad de Castilla y León alcanzó el tope de sus necesidades institucionales, por lo que todo lo que se ha hecho desde entonces ha sido duplicar muchas de las del Estado.

El histórico presidente Tarradellas, poco después de ser repuesto en la Generalitat de Cataluña con despacho en la Diputación de Barcelona, en una visita a Valladolid y durante el almuerzo en el desaparecido restaurante La Fragua, preguntó con cierto asombro «¿y ustedes para qué quieren autonomía?». Lo cierto es que hubo respuestas triviales y de escaso aparato argumentativo para una cuestión aparentemente sencilla pero muy aguda. El más atrevido, entonces era muy joven, apuntó el consabido latiguillo de que Castilla no quería ser menos que los demás. Pues bien, España es ahora uno de los países más descentralizados del mundo y cabría preguntarse si tal logro, que en sí mismo no es ni bueno ni malo, se hizo como fruto de un sólido convencimiento o, simplemente, empujados por las circunstancias. Porque de tratarse de esto último, a la vista de lo ocurrido, deberían replantearse no pocas cosas.