EL pulso librado ayer entre Josep Piqué, presidente del PP en Cataluña, y la dirección nacional del partido ha escenificado las dificultades estratégicas con las que la formación de Mariano Rajoy afronta la reacción política a la segunda fase de la reforma del Estatuto catalán. El cambio de actitud de Convergencia y Unión, que con su giro hacia el pragmatismo facilitó al presidente Rodríguez Zapatero presentar un principio de acuerdo que encauza de forma razonable una reforma que presentaba dudas de constitucionalidad, va a obligar a la Ejecutiva del PP a replantear su oposición al proyecto para evitar que la discrepancia termine convirtiéndose en una incongruencia política.

Entre el análisis del presidente del PP de Cataluña, destacando los cambios del proyecto estatutario respecto al original hasta el punto de señalar coincidencias con las propuestas originales del PP, y la decisión extrema de la Ejecutiva nacional de impulsar una iniciativa popular para convocar un referéndum nacional sobre el Estatuto media un abismo; además de poner de relieve el enfoque tan dispar sobre la reforma estatutaria que existe en Madrid y en Barcelona. Sin embargo, queda fuera de duda que el proyecto que fue aprobado por el Parlamento autonómico ha experimentado una profunda mutación tras ser negociado por el Gobierno y CiU. Si aquel texto era una propuesta rupturista, reclamaba una financiación muy semejante al Concierto Económico del País Vasco y proponía verdaderas cesiones de parcelas de soberanía bajo el manto del término 'nación', todo indica que lo pactado entre socialistas y convergentes, apenas conocido fragmentariamente en sus aspectos más esenciales, obedece ya a otros criterios más moderados.

Una vez producida esta mudanza, resulta difícil de entender que el PP, en lugar de reconocerse como parte influyente de la transformación, mantenga empecinadamente la tesis de que nada ha cambiado, de que el texto surgido del compromiso del Gobierno y CiU sigue siendo inconstitucional y de que nada hay en él de aprovechable, de forma que ni siquiera merece la pena debatirlo para perfeccionarlo. Es cierto que el proyecto presenta, por lo que se conoce de él -y a falta de disponer de un texto articulado-, numerosos flancos polémicos que suscitan dudas que será necesario disipar durante el largo trámite parlamentario que comenzará dentro de poco en la Comisión Constitucional del Congreso. Y lo deseable sería que las fuerzas políticas, especialmente las dos grandes formaciones estatales, emprendieran un constructivo debate de depuración que asegurara no solo la plena constitucionalidad del texto final, sino también la preservación de la cohesión y de la solidaridad interterritorial.

La conclusión del informe del senador suizo Dick Marty, al que el Consejo de Europa encargó la investigación relativa a los programas secretos de la CIA de captura y traslado de personas sospechosas de pertenecer a redes terroristas fundamentalistas, ha dejado poco margen para el beneficio de la duda. Según el documento es «altamente improbable que los gobiernos europeos, o al menos sus servicios secretos, no estuvieran al corriente» de esos vuelos ilegales con más de un centenar de sospechosos de terrorismo islamista en Europa. Aunque se reconoce que no se puede probar fehacientemente la existencia de cárceles clandestinas en Europa del Este, más allá de las informaciones que han sido publicadas por la prensa, sí se acusa directamente a Washington de haber estado 'subcontratando' la tortura de los sospechosos a manos de países con menos apego por los derechos humanos.

El Consejo de Europa ha procedido en esta ocasión con diligencia y encontrado indicios más que suficientes para denunciar los hechos con contundencia y sin rubor; incluso el Parlamento europeo ha creado ya otra comisión que ofrecerá más adelante sus conclusiones. Los gobiernos que intencionadamente han mirado para otro lado no por ello pueden librarse de responsabilidades y deben explicar a sus ciudadanos los motivos que les han impulsado a tomar esta línea de conducta tan cuestionable. Defender, aunque sea por omisión, que los principios de legalidad y derechos humanos son incompatibles con una acción antiterrorista eficaz supone, de entrada, la asunción de unos criterios que difícilmente casan con las ideas y conceptos básicos sobre los que la Unión Europea debe levantarse.