NI en sueños podía haber imaginado Rodríguez Zapatero un final tan feliz a un trimestre de agobio estatutario. Qué delicioso panorama: Carod-Rovira, resentido por la escalada irrefrenable (o refrenable) de Artur Mas hacia antiguas cumbres 'pujolistas', retrasa su cita en La Moncloa para mostrar un enojo nada fingido y sin ocultar sus celos por los amoríos entre ZP y CiU. ¿Albricias!, gritan en Ferraz. Cuanto más se enfade Carod-Rovira con Zapatero, menos insistirá el PP en el chantaje republicano/independentista al Gobierno. Promediada la legislatura, además, CiU se ofrece como recambio a cualquier factor aritmético que retire su apoyo a la estabilidad parlamentaria. ERC ya tiene sustituto.

Y al otro lado del espejo, el PP rechaza la oportunidad de suavizar su oposición al corregido (muy a la baja) texto inicial del proyecto estatutario y hasta redobla su ofensiva anunciando su intención de que el 'Estatut' salido de las Cortes se someta a referéndum en toda España, porque «en un asunto de estas características la gente tiene derecho a opinar y porque no estamos hablando de un tema menor ni de un tema de una comunidad autónoma; estamos hablando de un tema que le importa al conjunto de los ciudadanos españoles y de una reforma de la Constitución, y de esto tienen que opinar todos». Piqué ya ha opinado, y lo ha hecho en contra de Acebes, lo que está mal.

Las frecuentes consultas al pueblo, sea convocando movilizaciones sociales o manifestaciones urbanas en cadena, sea organizando plebiscitos o refrenda, tienen ese tufillo asambleario que desprenden los nostálgicos de una Arcadia feliz. El espíritu ácrata propone el constante examen de la opinión de la gente, haciéndola dueña y rectora de sí misma, y en este sentido un referéndum nacional, nacional/nacional en España, más el nacional de preámbulo en Cataluña, parece una buena idea, si no la desaconsejara de modo claro el artículo 87, párrafo 3º, de la Constitución, que dice que «no procederá dicha iniciativa (refiriéndose a la iniciativa popular necesitada de, al menos, 500.000 firmas) en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional...».

El PP anunciaba ayer en boca de Rajoy que va a presentar una proposición de ley de iniciativa popular pidiendo un referéndum. Calcula el PP que dicha iniciativa se verá respaldada por varios millones de firmas, pues el texto estatutario pactado entre ZP y CiU contiene el término nación que, referido a Cataluña, no es verdad, y rompe la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Todo ello justificaría el referéndum, como conclusión de la línea argumental del PP. En medios parlamentarios, sin embargo, no se creía que tal iniciativa pudiera prosperar.

No parece estar cómodo el PP en la nueva situación política, caracterizada por la desaparición de las tensiones que venían produciendo los conciliábulos sobre el 'Estatut' y por un escenario político en el que el apoyo parlamentario de ERC ha dejado de ser imprescindible para el Gobierno central. A CiU le han renacido las ganas de gobernar un poquito en Madrid, algo que parecía tácitamente sellado entre Pujol y Roca, por un lado, y Felipe González, por otro, para prolongar la gobernación socialista una o dos legislaturas más, a partir de la perdida por el PSOE de sus mayorías absolutas. Pero la acelerada desestabilización causada por la ofensiva judicial sobre los GAL, más los escándalos de corrupción en el Ministerio de Interior, liquidaron esas previsiones políticas. Y aunque Roca i Junyent nunca logró disimular su ferviente deseo de ser ministro (siempre frustrado) de Industria en un gabinete González, en CiU se evaporó durante varios años su afinidad emocional con los socialistas. Ahora se entrevé algo así como el renacimiento de mociones antiguas.