EL proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor aprobado por el último Consejo de Ministros trata de dar respuesta a la conmoción manifestada por la sociedad ante el leve tratamiento penal dado a los menores delincuentes y reparar el consiguiente descrédito del texto inicial, con solo cinco años de vigencia y fruto del acuerdo parlamentario entre el PP -entonces en el Gobierno- y el PSOE.

La urgencia con el que se ha retomado una modificación legislativa no obedece al capricho o al acierto de uno u otro partido -la misma reforma que ahora propone el Gobierno socialista fue la que envió a las Cortes el último Ejecutivo de Aznar-, sino a la exigencia de la opinión pública conmocionada con los asesinatos de la Villa Olímpica (Barcelona), San Fernando (Cádiz), el crimen de la catana (Murcia) o la brutal muerte de Sandra Palo (Madrid), cometidos o juzgados bajo la ley del año 2000. Ante la incontestable precocidad de la delincuencia, la reforma ahora propuesta sitúa en los 14 años -no en los 16- la edad a partir de la cual es exigible responsabilidad penal y endurece las penas. Es más, aunque tradicionalmente se ha entendido que por debajo de los 14 años no hay discernimiento entre el bien y el mal, no se descarta que en el próximo trámite parlamentario se contemple aquella responsabilidad a partir de los 12 años. Con la reforma se van a intentar subsanar también situaciones injustas o anómalas, permitiendo a las víctimas de delitos cometidos por menores o sus familias ejercer la acusación particular o popular, así como que los mayores de 18 años con pena pendiente de cumplir no sigan conviviendo con el resto y pasen incluso a cumplir el resto de la pena en prisión.

Reformas como la que se intenta poner ahora en marcha necesitan de un alto consenso para evitar en lo posible que luego deban rectificarse. Si dilucidar el camino correcto para erradicar la violencia es una tarea compleja, hacerlo respecto de las causas que empujan a unos niños, o adolescentes, a cometer unos hechos realmente atroces lo es aún más. Pero si se pretende además dar respuesta en el corto plazo, estamos entonces hablando de imposibles. El dilema entre reeducar o castigar siempre ha estado ahí, y estará durante mucho más tiempo. El equilibrio entre la protección del superior interés del menor, razón por la que los centros de internamiento no tienen misión represiva sino educativa y toman como referencia la vida en libertad, y la necesidad de compensar a las víctimas o evitar que otros sufran el mismo daño, está condenado a sufrir un proceso de acotación sucesiva de sus límites por ambos extremos. Y estos, lejos de ser inamovibles, están en buena medida condicionados por la respuesta emocional de la propia sociedad ante los hechos.

Cohabitación portuguesa

El mismo cuerpo electoral que en febrero del 2005 dio mayoría absoluta al Partido Socialista para la formación del Gobierno ha otorgado apenas doce meses después su plena confianza al candidato de la derecha liberal, Aníbal Cavaco Silva, para que encabece la presidencia de la República de Portugal, en una decisión cargada de pragmatismo.

Portugal atraviesa una situación económica realmente precaria: sus indicadores muestran una práctica quiebra técnica, con un déficit fiscal cercano a un inmanejable 7%, un crecimiento de solo un 0,3%, un desempleo que no hace sino aumentar y una economía sumergida y una nómina de funcionarios sin parangón en la Unión Europea. Y en esta coyuntura complicada, en la que no cabe más solución que la inmediata adopción de medidas drásticas y contundentes, hay que insertar el resultado electoral y el éxito de Cavaco Silva, un profesor de Economía y Finanzas al que en Portugal se identifica con el período de crecimiento que vivó la República desde 1985 a 1995.

Entre el primer ministro socialista, José Sócrates, reconocido 'suscriptor' del neolaborismo del 'premier' británico Tony Blair, y Cavaco -que ha prometido ser el presidente de todos los portugueses- no hay diferencias de opinión sustantivas sobre cómo atajar el grave problema. Y en un escenario de desafío puramente económico, que excede con mucho el ámbito de la opción sociopolítica y remite a una urgente modernización del Estado y del aparato productivo, los votantes han decidido posponer sus inclinaciones políticas y apostar por la opción más acorde con las necesidades reales de su país: una suerte de cogobierno que saque a Portugal del bache que atraviesa.