Las grandes superficies aumentaron casi el 5% sus ventas durante el 2005, hasta alcanzar una cifra de negocio de 38.100 millones de euros, al tiempo que abrieron 11 nuevos centros, uno más que en el ejercicio anterior pero por debajo de su cifra media (14) en los últimos diez años, según las cifras adelantadas ayer por la patronal del sector, Anged. En cuanto a las restricciones existentes al desarrollo de los hipermercados, de las que las empresas se quejan de manera especial desde el 2003, seis comunidades autónomas aún aplican moratorias a su desarrollo, mientras que otras tres han creado impuestos medioambientales que gravan de forma específica su actividad.

El director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, justificó en el buen momento de la economía española (con una tasa trimestral de crecimiento cercana al 3,5%), y en especial de la demanda de consumo (que el ejercicio pasado se incrementó en torno a un 6%), el hecho de que las ventas del gran comercio mejorarán el triple de lo que lo hicieron las del sector minorista (1,5%). En el caso del empleo, la diferencia fue mucho menor, pues el segundo creó un 2,5% más de puestos de trabajo que en el 2004, subida que llegó al 3% para los hiper, que emplearon a 6.500 personas más que el año pasado.

De cara al presente ejercicio, las previsiones de las grandes superficies pasan por mantener un crecimiento, al menos, similar al del 2005. En este sentido, recuerdan que tras un noviembre «malo», la campaña de Navidad resultó exitosa y las ventas crecieron por encima del 10%, mientras que en las dos semanas que llevamos de período de rebajas lo han hecho por encima del 8%, con incrementos dos veces superiores en varias comunidades.

Restricciones

Una tercera parte de las autonomías aún aplican, 'de facto' (con requisitos «prácticamente imposibles» de cumplir) o con prohibiciones específicas, moratorias que frenan la apertura de nuevos hipermercados (la instalación de un centro, en la práctica, suele tardar de cuatro a cinco años). Así ocurre en el País Vasco, Canarias, Asturias, Cantabria, Baleares y Navarra, mientras que en el caso de Cataluña se espera que sea levantada antes del verano. No obstante, el nuevo proyecto catalán pasa por autorizar solo aquellas grandes superficies que se abran en el centro de las ciudades, para lo que se amparan en la futura Directiva Europea que regulará el sector de los servicios.