LA primera idea que se desprende del proyecto finalmente acordado por los negociadores catalanes con el Gobierno Zapatero -a falta de pequeños flecos- es que se ha conseguido dar pasos relevantes en el camino de la descentralización política del Estado pero, en cambio, no ha sido posible avanzar en absoluto en el de la asimetría del modelo como pretendía buena parte de los nacionalistas. Ahora ya se ve con cierta claridad que la dilatada y abigarrada operación negociadora, que ha durado dos interminables años y que ha registrado innumerables forcejeos insólitos y en su mayor parte inútiles, había adquirido sus proporciones desmedidas porque el nacionalismo catalán estaba obstinado en perseguir la singularidad, el reconocimiento particular del hecho diferencial concreto, algo que el Estado no podía otorgar sin vulnerar la Constitución vigente, que dibuja un modelo cuasi federal. Finalmente, el nacionalismo periférico ha claudicado en esta cuestión de principios: ha renunciado a una Cataluña/nación diferenciada a cambio de profundizar en la descentralización política hasta los propios límites de la Carta Magna. Y a cambio de obtener, también, seguridades en lo tocante a la financiación para que no se reiteren episodios de insuficiencia como el que se derivó del acuerdo del 2002, en que Pujol, mal aconsejado evidentemente, marró el tiro al acordar la fórmula en el marco multilateral de la LOFCA.

Esta 'conversión' súbita de los partidos catalanes a las tesis autonomistas/federalistas, una especie de caída del caballo sobrevenida tardíamente tras la aprobación del proyecto de 'Estatut' en Barcelona, explica la gran distancia que media entre el proyecto del Parlamento catalán, desaforado e inconstitucional, y el finalmente acordado con el Gobierno, que será el texto que finalmente se tramite en el Parlamento español. El empeño inicial, más intuitivo que realmente elaborado, se centraba en reclamar el reconocimiento del carácter de 'nación' de Cataluña, no s0lo retórico sino aparejado a una cierta dosis de soberanía. Tal demanda, que después hubiera sido reiterada por vascos y gallegos, tenía un doble objeto: en primer lugar, formalizar la mencionada asimetría, esto es, la diferencia con las 'regiones', y, en segundo lugar, servir de base a una exigencia de nuevas competencias, de más poder político emanado de este nuevo carácter 'nacional' y no de la única fuente originaria de Derecho que es la Constitución. Tales designios mantuvieron cierta verosimilitud en tanto permanecieron en el terreno etéreo de las propuestas, de los anteproyectos, de las lucubraciones; pero comenzaron a volverse engorrosos cuando tuvieron que plasmarse en concreciones, que comenzaron a suscitar perplejidad en todas partes y, lógicamente, a encontrar la crítica de 'Madrid', que fue haciéndose más acerba a medida que se percibía la deriva de unas fuerzas catalanas que no medían los linderos del terreno acotado en que tenía que desenvolverse la negociación final, estrictamente supervisada desde fuera por un PP que en este asunto no ha hecho sino cumplir con su obligación (aunque ahora deberá revisar muy a fondo su decisión de mantenerse al margen de las grandes definiciones).

Finalmente, cuando el disparate ha exultado con toda su aparatosidad, ha cundido la cordura. La confiada ciudadanía catalana no ha llegado a percatarse completamente de que el proyecto redactado por su parlamento autonómico era un puro dislate, sin asidero posible, y las fuerzas políticas que redactaron el engendro no han tenido más remedio que correr un tupido velo y atenerse a razones. Pérez Rubalcaba, a medio camino entre Maquiavelo y Rasputín, ha obrado el milagro, y el 'cuatripartito' catalán y el PSOE estatal pueden alardear de haber conseguido una propuesta valiosa en el marco constitucional, que habrá que pulir y perfilar durante su tramitación parlamentaria, que explora hasta el límite las posibilidades del Estado de las Autonomías pero que participa plenamente de su filosofía originaria.

Es lógico que los nacionalistas tengan que enfatizar lo logrado, que es ciertamente relevante, para quedar bien ante su clientela, pero la realidad es que su exhibición del «programa máximo», que se empeñaron en incluir en la propuesta estatutaria (y que inexplicablemente el PSC aceptó sin demasiados reparos) ha sido tan alarmante como inútil. La pretensión de CiU de exigir que el documento remitido a Madrid incluyera el «concierto económico solidario», en casi todo semejante al vasco, ha resultado muy onerosa para los convergentes en términos de prestigio, toda vez que provocó el estupor de quienes veíamos que se trataba de una propuesta claramente inconstitucional que no podría implementarse más que mediante una profunda reforma de la Carta Magna que hoy por hoy no tiene la menor posibilidad de prosperar. Finalmente, CiU ha aceptado reconocer que Cataluña es una comunidad autónoma de régimen general, por lo que habrá de participar en la negociación multilateral sobre la financiación común, aunque tenga ya garantías de que la 'cesta de impuestos' será mucho más generosa y de que en dos años se habrá creado una Agencia Tributaria consorciada, una especie de 'ventanilla única' fiscal que gestionará los impuestos estatales, compartidos y cedidos. En cualquier caso, es difícil de aceptar la afirmación de que «la nueva financiación da sentido al 'Estatut'», como ha dicho Mas para elogiar lo conseguido, cuando es obvio que precisamente la reforma de la financiación ni siquiera requería la reforma del Estatuto.

Esta reconducción de la propuesta, desde la desmesura a la razón, que ha afectado a todos los aspectos controvertidos del proyecto, ha descolocado como es natural al Partido Popular, que, pese a las buenas intenciones manifestadas por Piqué durante los primeros pasos del Estatuto en la ponencia catalana, ha acabado manteniéndose al margen del proceso negociador.

Tiempo habrá para plantear este asunto a lo largo de la tramitación del 'Estatut' en las Cortes, pero ya es preciso afirmar que el interés de Estado requiere el logro del gran consenso que asegure la permanencia y la estabilidad del modelo.