Los documentos contenidos en las 500 cajas que salieron el jueves del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca camino de Barcelona, y que están retenidos en Madrid, son de carácter público y tienen vinculación con la Generalitat, que los reclamó. El abogado del Estado defendió hoy que su traslado a Cataluña se ajusta a la ley y, por tanto, pidió a la Audiencia Nacional que levante la inmovilización cautelar impuesta el pasado viernes en atención al recurso planteado por el Ayuntamiento de Salamanca.

La Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo del tribunal central escuchó hoy en vista pública los argumentos encontrados del Gobierno y el consistorio charro respecto al polémico traslado. La sala ha confirmar o revocar la medida 'cautelarísima' de inmovilización de los 'papeles de Salamanca' que ella misma dictó, y debe hacerlo en un plazo máximo de cinco días. Hasta que se produzca la resolución, el viaje de los papeles a Cataluña seguirá interrumpido, y la ceremonia de recepción programada en Barcelona queda en suspenso.

El abogado del Estado, Manuel Pacheco, reclamó el levantamiento de la inmovilización cautelar porque, arguyó, la suspensión pasa por encima de la aplicación de la ley emanada de las Cortes por la que se acordó el traslado de los papeles. Negó también que hubiera el riesgo de pérdida o destrucción al que aludía en su recurso del ayuntamiento salmantino.

Privados y en riesgo

El consistorio castellano defiende la tesis contraria a la del Ministerio de Cultura y la abogacía del Estado, y aduce que hay papeles privados en la 500 cajas momentáneamente depositados en Madrid, en la cámara acorazada del departamento que dirige Carmen Calvo. Salamanca defiende que su devolución a Cataluña desbarata la unidad del archivo, lesiona el interés general y añade que su salida del archivo no se ajustó al procedimiento adecuado.

Su recurso se basa en que esos 'papeles' de particulares corren el riesgo de ser destruidos al perder la tutela estatal, que su salida del archivo público contravino las normas básicas de funcionamiento de la propia institución y en que no se dispone de copia certificada de todos los documentos.

Así lo sostuvo en la vista el letrado José Maria Benavente, representante del recurrente Ayuntamiento de Salamanca, institución que no tiene titularidad alguna sobre el archivo. Solicitó el mantenimiento de la inmovilización o el retorno a Salamanca de los documentos, por entender que "de forma sorprendente no se ha depositado copia en el archivo, de modo que en caso de extravío, perdida, robo o destrucción se perderá un patrimonio documental significante para la historia de Cataluña y de este país".

Para demostrar que no todos los documentos son públicos, se refirió el letrado a siete cajas con papeles del Juzgado de Instrucción de Igualada, un expediente del Juzgado de Villafranca de Penedés y a 164 legajos del Comité Central de las Milicias Antifascistas.

"Unos documentos que están depositados en el archivo general en su distintas fórmulas jurídicas desde el año 37 y no parece que exista un interés general que exija su restitución inmediata", planteaba el abogado recurrente.

Testigos

El letrado del consistorio salmantino llamó a testificar al propio director del Archivo de General de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Jaramillo, y al director general del Archivo de Castilla y León, Carlos Travesí de Diego. Los dos coincidieron en defender la permanencia de las cajas en Salamanca para no romper la unida del archivo y en que el traslado vulneró la normativa.

Ambos funcionarios habían rubricado un informe según el cual ni todos los papeles contenidos en las quinientas cajas cautelarmente inmovilizadas tienen carácter público ni su traslado se había atenido a las normas del propio archivo de Salamanca.

Así lo declararon a preguntas del letrado recurrente, pero tuvieron que reconocer después, a peguntas del correoso letrado del Estado, que su informe se realizó sin haber consultado directa y exhaustivamente los papeles contenidos en las 500 cajas. También que no se podía afirmar taxativamente que tuvieran carácter privado algunos de los papeles -tal como sostiene el ayuntamiento salmantino- y que el rango de la ley que ampara el traslado está por encima de la normativa técnica del archivo.

Antes de reclamar el levantamiento de la inmovilización cautelar, el abogado del Estado negó el riesgo de "pérdida o destrucción" de los papeles, de los que aseguró existe copia microfilmada. "Su protección está plenamente garantizada tanto por la Administración del Estado como por la Administración de Cataluña. Incluso, si volvieran a particulares, caso que no se dará, existe legislación que obliga a los particulares a garantizar su conservación", planteó el letrado.

"Lo que aquí se plantea -concluyó Manuel Pacheco- no es una medida cautelar que se proyecte sobre la orden ministerial formalmente impugnada, sino que se suspenda la aplicación de la ley, lo cual excede un poco lo que es la jurisdicción Contencioso-Administrativa".

Otro recurso

El magistrado José Luis López-Muñiz presidió una vista que se extendió durante casi dos horas. El tribunal lo integraron también los magistrados Begoña Fernández Dozagarat, Jaime Alberto Santos, Ana Isabel Reza Gómez y María Dolores Alba Romero.

La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la paralización del traslado de los 'papeles' reclamada por el ayuntamiento salmantino, pero no sobre la legalidad de la ley que lo ampara. Sobre este punto tendrá que pronunciarse en su día el Tribunal Constitucional que ha admitido un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León. Este recurso no tiene efectos suspensivos.