AYER fueron sacadas de Salamanca y el lunes llegarán a Barcelona las 499 cajas con los documentos que la Generalitat de Cataluña llevaba décadas reclamando al Gobierno de la nación y que custodiaba el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Se cierra así una etapa conflictiva, pero con resultado favorable para la parte demandante de los legajos: la Generalitat dispone ya del patrimonio del que se apropiaron las tropas franquistas. Quedan atrás meses de duras disputas políticas entre, fundamentalmente, los populares y los socialistas. Los primeros, por haber hecho bandera de la permanencia en Salamanca; y los segundos, por atender la reclamación de sus socios de Gobierno en Cataluña (ERC, sobre todo) sustento para el Ejecutivo central, han dedicado los últimos meses a tirarse los documentos a la cabeza en una contienda que, sin que parezcan haberlo asumido, ha llevado en algunos momentos al hastío a la ciudadanía. Pero para unos y otros, y para todos en conjunto, hay unas conclusiones que se deben analizar.

La primera, por obvia, puede parecer que no es procedente ser recordada; pero es necesario: en un Estado de Derecho las leyes están para ser cumplidas y una ley es la que ha dado cobertura al traslado a Cataluña de las 499 cajas. El Gobierno de la nación ha guardado la forma legal, porque no podía hacer otra cosa: hasta que no ha sido aprobada la ley, no ha sacado los legajos. De forma correlativa, quedará en las hemerotecas la noticia de que el Ayuntamiento de Salamanca impidió que entraran las furgonetas hasta la puerta del Archivo para ser cargadas las cajas. Así se garantizaban imágenes como esas de las decenas de policías marcado dos filas a quienes transportaban las cajas unos centenares de metros. Y ahí ha radicado, sin ningún género de duda, la anormalidad de que ha estado teñido el proceso final de la salida de documentos, una anormalidad formal, pero innecesaria en un Estado democrático. Policías, por cierto, que manda un subdelegado del Gobierno que cuando fue alcalde de Salamanca dijo que no consentiría la salida de un documento. Hasta ese punto la crisis ha sacado a la luz las contradicciones en las que pueden caer partidos y personas.



EN este momento del proceso quedan de manifiesto dos posturas: la institucional, encarnada por los gobiernos central y regional; y la política, con PP y PSOE como protagonistas. En el terreno de los ejecutivos, han primado como eje de disputa la unidad del Archivo y el patrimonio cultural como valor esencial de Castilla y León, además de otra serie de aspectos eminentemente técnicos que han enfrentado al Ministerio y a la Consejería de Cultura, cuyo final será dirimido por los tribunales. Pero desde el plano político se ha visto desde el primer instante que las dos principales formaciones han buscado la traducción en votos. Hoy por hoy es imposible saber hasta dónde ha calado la polémica en la opinión ciudadana y en qué medida influirá en su voto en las elecciones municipales y autonómicas del 2007, pero se equivocan ambas formaciones si creen que tendrá una traslación en sufragios masiva y favorable a sus respectivas tesis. En el voto, influyen muchísimos aspectos y los sondeos -como los sucesivos barómetros de EL NORTE DE CASTILLA- no colocan este asunto entre las primeras preocupaciones, aunque señalan que en la ciudadanía ha calado la idea del ataque al patrimonio castellano y leonés. Lo que sí debe ser recordado a ambos partidos es que desde esas posturas al enfrentamiento entre dos comunidades hay una separación tan corta que el riesgo de enemistar y provocar recelos entre dos pueblos ha estado y estará latente. Y eso es un juego muy peligroso en una democracia.

Pero tanto el Gobierno, como la Generalitat y los partidos que han respaldado el traslado de documentos no pueden pensar que con la llegada a Cataluña se cierra el proceso. Falta conocer qué dirá el Tribunal Constitucional sobre las leyes modificadas en Castilla y León para que ese traslado no se produjera. Y si el cumplimiento de la ley ha dado cobertura a la salida, en el caso de un pronunciamiento del Alto Tribunal en contra de ese traslado habrá que esperar de quienes lo propiciaron que apliquen la normalidad democrática para cumplir lo que digan los jueces. Y otro aspecto que deben tener en cuenta quienes han culminado el proceso: no termina la polémica. Más voces piden desde otras autonomías sus documentos de Salamanca. Si han entregado una vez, nadie puede garantizar que no haya más similares dentro de unos años.