La semana pasada nos anunciaron el incremento de los precios de los billetes de tren: suben el 4,2% los servicios de Alta Velocidad y los de largo recorrido; el 5% suben los regionales y los de cercanías. Nos dicen que se debe a lo que se ha encarecido el precio de la energía y que es preciso recuperar la variación habida en el Índice de Precios al Consumo (IPC), al parecer, los años anteriores las tarifas subieron menos que el IPC. Además, añaden que todo ello se debe a la nueva ley del sector ferroviario, aprobada para liberalizar el ferrocarril y se supone para mejorar el servicio a los usuarios. Al introducir el nuevo canon por el uso de la infraestructura, Renfe asegura que tiene un nuevo gasto a tener en cuenta dentro de los costes, como si antes no se pagara en el billete el uso de las vías y con la nueva ley sí.

También resulta curioso que los servicios que más suben son los considerados como subvencionables (regionales y cercanías) y por lo tanto de un precio para los usuarios, se supone, asequible. El incremento, que es revisado y fijado por el Gobierno y no por las empresas ferroviarias, debería ser más bajo y no más alto.

Analizando estos aspectos se llega a la conclusión que todo es un engaño manifiesto: ni la nueva ley ferroviaria está mejorando este servicio público ni es de recibo que ahora se suba más que el IPC porque años anteriores no se hizo. El único argumento que queda es el coste de la energía, al que debe aplicarse el mismo trato que se ha dado a los transportistas y a los agricultores, o mayor, teniendo en cuenta que el ferrocarril es el medio de transporte más seguro por lo que se debía potenciar su uso. Pero aumentando el precio de los billetes, desde luego, no lo van a conseguir.