El delegado territorial de la Junta en Ávila, Francisco José Sánchez, explicó ayer la situación de los despidos improcedentes que había criticado un día antes el vicesecretario socialista, Tomás Blanco, de quien el primero dijo que «confunde conceptos».

Según el delegado, las contrataciones que ha efectuado la gerencia de Bienestar Social de Ávila en la residencia de mayores de la calle Rufino Martín, en la capital, se incluye dentro del plan de mejora de la calidad asistencial. Esto supone una variación en los puestos de trabajo de la residencia de la tercera edad. «Se quitan plazas de válidos y pasan a ser de asistidos, que son los que más necesitan atenciones», según Sánchez. Pero esto requiere la dotación de recursos que no puede solucionarse de inmediato, puesto que «la Administración no dispone de flexibilidad para resolver rápidamente esa cuestión». Para ello tiene que realizarse una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT).

Esas modificaciones requieren un proceso «largo y complejo» y, mientras tanto, se recurre a ese tipo de contratación de personal laboral con carácter temporal porque «queremos seguir dando ese servicio, ¿o es que lo que busca con esta denuncia el señor Blanco es que no prestemos el servicio?», se preguntaba ayer Sánchez.

Citando la legislación vigente, el delegado explicó que esas contrataciones «solo son posibles por una modalidad contractual como el contrato de duración determinada por circunstancias de mercado o producción». Esos contratos tienen una duración máxima de doce meses sin posibilidad legal de renovación.

Toda esta explicación llevada a la práctica se traduce en la situación a la que se ha llegado, puesto que «no estaba aprobada la RPT». Los trabajadores recurren al juzgado y se producen esas sentencias condenatorias «que se acatan y se cumple con las obligaciones» que responden a indemnizaciones económicas.

Doce sentencias

Sin embargo, el delegado aseguraba que «queremos seguir prestando el servicio», por eso han continuado haciendo esas contrataciones que en otros puntos de la región no han recibido la benevolencia de los jueces cuando los trabajadores lo denunciaron, según Sánchez.

Parece que la única solución del problema sobre el que ya se conocen al menos doce sentencias, es la modificación de la RPT, algo que ya está «concluido», aunque sigue pendiente de algunas cuestiones burocráticas. A la pregunta de por qué no hacer contratos indefinidos para cubrir esas plazas -relacionadas principalmente con la Sanidad, Bienestar Social y Educación-, Sánchez aseguró que ese extremo «contradiría la propia modificación de la RPT».

Por último el Delegado reconoció que cabe la posibilidad de que los dos últimos contratados hasta el momento por este sistema, cuyo contrato caducó el pasado martes, pudieran recurrir a los tribunales. «En ese caso, no podemos conocer cuál será la resolución judicial», aseguraba el delegado al ser preguntado sobre ello.

Despidos municipales

También en el Ayuntamiento de Ávila se habló ayer de despidos improcedentes después de conocer que un juzgado ha condenado al Consistorio abulense a indemnizar o readmitir a un trabajador que había sido contratado desde la bolsa de empleo municipal y que fue despedido para que otro trabajador ocupara su cargo.

Según el portavoz municipal, José María Monforte, el Ayuntamiento no fue consciente de tal ilegalidad, pero acata la sentencia, además de anunciar que lo que harán a partir de ahora es buscar soluciones.