SEGÚN lo que he leído en la prensa el jueves, 19 de enero, se va a llevar del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca los papeles que pertenecían a Cataluña. El argumento en el que se ha basado esa decisión es que esos documentos fueron robados en su día, con la finalidad de utilizarlos en plan represivo. Ahora bien, con el tiempo han ido llegando a Salamanca otros muchos documentos, procedentes del bando republicano, o de particulares, como Dionisio Ridruejo. De ahí que, hace algunos años, se le considerara el más importante Archivo relacionado con la guerra civil de los años 1936 a 1939. De todos modos lo más significativo es que tanto los archiveros como los historiadores entienden que no es aconsejable romper la unidad de los archivos. Esa opinión la expresó, a mediados de los años noventa, la Asociación Internacional de Archivos, en un informe que elaboró por encargo de la Unesco. Allí se aludía a diversos países, como Chile, Grecia, la Alemania Oriental o Sudáfrica, los cuales en tiempos pasados aprovecharon diversos documentos para perseguir a sus enemigos políticos. Pero cuando esos países se convirtieron en democracias se entendió que esos papeles eran «bienes de interés cultural», por lo que era aconsejable mantenerlos unidos. Asimismo la Real Academia de la Historia Española emitió, hace unos meses, un informe en el que, por unanimidad, defendía la continuidad del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. En definitiva, los expertos en la investigación histórica, es decir los archiveros y los historiadores, defienden el mantenimiento de los archivos. ¿No se ha creado recientemente en Toledo el Archivo de la Nobleza, en la que figuran documentos de magnates nobiliarios de las más variadas regiones españolas? Cambiando de tema resulta sorprendente que, a mediados de la década de los noventa, cuando era alcalde de Salamanca el socialista Jesús Málaga, se organizara en dicha ciudad una multitudinaria manifestación para pedir que no saliera ningún papel del Archivo salmantino de que estamos hablando. Por otra parte, habida cuenta de que la Junta de Castilla y León ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional, ¿por qué no se espera a que el mencionado tribunal exprese su opinión? Como conclusión tengo que manifestar que yo estuve en la comisión, la cual se reunió varias veces a finales del año 2004. Al final se habló de una posición mayoritaria a favor de la devolución a Cataluña de sus papeles. En realidad no hubo votación. Lo que sucedió es la abstención de los tres miembros de dicha comisión que representábamos a la comunidad de Castilla y León, debido al escaso tiempo que teníamos para leer el informe jurídico que nos repartieron.