CON la última operación contra la pornografía infantil en Internet llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad, el número de redadas de esta naturaleza en los últimos doce meses en España se eleva a nueve. Una cifra que refleja la preocupante proliferación que estas prácticas delictivas alcanzan ya en nuestra sociedad. Pero hay otro dato igual de preocupante: que entre los 33 detenidos de once comunidades autónomas aparezcan profesores, monitores deportivos, médicos y hasta un sacerdote; es decir, profesionales que presumiblemente mantienen una relación habitual con niños y adolescentes. En esta ocasión, a semejanza de otras, los expertos policiales aseguran que las fotografías y vídeos resultan estremecedores.

El rechazo moral y la condena social que merece la explotación de menores de edad, más aún con la degradación de abusos sexuales, no admite ninguna clase de contemporización. Detrás de cada imagen hay un gravísimo atentado a la dignidad humana, con el agravante de ejercerse sobre menores indefensos. Afortunadamente, y aunque los proveedores y consumidores de tan execrable mercancía se traten de ocultar en opacas comunidades virtuales de Internet, las redadas demuestran que la eficacia policial en localizar su rastro está siendo ejemplar. Con la Red, la pornografía infantil multiplica e internacionaliza el delito. Y debido, precisamente, a esa versatilidad que favorece la clandestinidad, las leyes necesitan adaptarse a ese nuevo fenómeno; un camino que en España ya se ha iniciado con una reciente reforma del Código Penal que ha endurecido el castigo contra ese tipo de pornografía. En nuestro país se persiguen la producción y la distribución de imágenes, pero también la exhibición, posesión y facilitamiento del mercado, y la penalización contempla incluso la llamada pseudo pornografía. Ahora bien, si el endurecimiento legal puede haber sido uno de los motivos principales de que en el 2004 disminuyera el número de denuncias por pornografía infantil en servidores españoles, debe tenerse en cuenta, en el terreno social, que la ley por sí sola no basta. Es igual de necesario que padres y tutores tomen conciencia de que la Red no es un juego sino la herramienta de comunicación y trasvase de información más potente conocida y, por tanto, velen hoy por su correcto uso por parte de unos menores que mañana serán adultos.

Buenas empresas

Las 74 nuevas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acerca del código del buen gobierno de las empresas cotizadas, presentadas ayer por el presidente de la institución, Manuel Conthe, suponen un catálogo repleto de buenas intenciones con cuya orientación general resulta prácticamente imposible discrepar. Algunas iniciativas, como las dirigidas a clarificar las remuneraciones percibidas de forma individual por los administradores y el endurecimiento de las sanciones por administración desleal, son ya práctica común en otros muchos países y deberían contribuir a mejorar la gestión de los consejos de administración y la dedicación de los consejeros individuales. Otras, como la no cotización de las empresas filiales o la limitación de los mandatos de los consejeros independientes, están cargadas de sentido común, ya que la intervención de la matriz puede ser determinante en las primeras y el paso del tiempo acostumbra a debilitar la independencia de criterio de los segundos, pero su aplicación estricta e indiscriminada puede crear más problemas que los que pretende resolver.

La flexibilización en el cumplimiento de determinadas orientaciones, como admitió ayer el presidente de la CNMV, será una condición necesaria para lograr un progresivo cumplimiento del Código en su conjunto. Porque en el documento existen también una serie de recomendaciones que parecen excesivamente intervencionistas, como tratar de imponer el número de consejeros, la frecuencia de reuniones o la paridad de género. No hay por qué suponer que la CNMV conozca mejor las necesidades prácticas de las empresas que ellas mismas. El camino para introducir la transparencia y la claridad en el mundo de las compañías cotizadas en Bolsa, que captan el ahorro de millones de pequeños inversores, es saludable y redundará sin duda en su mejor funcionamiento; pero tratar de regular todos y cada uno de los aspectos prácticos de su vida cotidiana es una intromisión innecesaria y poco justificada.