El Gobierno debería endurecer el régimen de responsabilidades civiles de los administradores que incurran en deslealtad con sus empresas. Así se lo reclaman los autores del nuevo código de buen gobierno empresarial, que lidera el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe. El Ejecutivo, a su juicio, debería elevar las sanciones para que los gestores devuelvan siempre el montante total con el que se han lucrado de forma injusta, algo a lo que ya están obligados si son condenados por los tribunales.

El informe de buenas prácticas contiene una serie de recomendaciones de cumplimiento voluntario para las sociedades, pero también insta al Gobierno a adoptar ciertas reformas legales. Los expertos, procedentes del sector público y privado, pretenden que la Administración defina de forma más «precisa y severa» los deberes de lealtad de los consejeros. Unas obligaciones que apuestan por extender tanto a los accionistas de control como a los administradores de hecho y a los ocultos.

Los especialistas, seleccionados por el propio Ejecutivo, abogan por rebajar el nivel actual de capital que es necesario reunir para que los accionistas tengan el derecho de reclamar el cumplimiento de sus obligaciones a los gestores.

Dentro del capítulo de recomendaciones no vinculantes, el código propone que los consejeros que se vean imputados en procesos penales informen de inmediato al órgano de gobierno. Si finalmente resultan procesados, su cargo quedaría a disposición del consejo. Éste debería decidir sobre su continuidad con la vista puesta en los efectos que tendría sobre la reputación de la sociedad.

El informe tiene como prioridades la incorporación de la mujer a los órganos de dirección y la promoción de consejeros que sean «realmente independientes». El presidente del supervisor señaló que es opcional seguir los consejos, pero destacó que las empresas que no los cumplan tendrán que explicar en sus informes anuales las razones que les han llevado a incumplirlos.