Castilla y León y Madrid confían en exprimir al máximo las posibilidades que el Tren de Alta Velocidad (TAV) abrirá a partir del 2007. El TAV llegará a Valladolid y Segovia en esa fecha, según las previsiones oficiales, pero los empresarios de ambas comunidades mantendrán desde ya encuentros para planificar proyectos que se puedan beneficiar de esta infraestructura ferroviaria.

El pasado lunes, el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó a Herrera que el plazo de llegada del TAV entre Madrid y Segovia y Valladolid será el 2007, por lo que desde ambos ejecutivos autonómicos se considera que no hay tiempo que perder para que a esta «infraestructura fundamental» se le saque el máximo rendimiento.

Los presidentes de Castilla y León y de Madrid, los populares Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, mantuvieron una entrevista en la tarde de ayer en la que acordaron impulsar estos encuentros empresariales desde sus respectivos gobiernos. «Hay que evaluar las posibilidades que ofrece el TAV. Hemos demandado esta gran obra y una vez que la tengamos en funcionamiento hay que ver qué hacemos con ella», señaló Juan Vicente Herrera. En la Consejería de Economía y Empleo ya hay un grupo de trabajo centrado en sacar la máxima rentabilidad al tren veloz.

La A-1 y la A-6

La presidenta de Madrid, que ofreció una conferencia a simpatizantes y militantes en Valladolid después de la entrevista con Herrera, destacó el interés de su comunidad en mejorar las comunicaciones con Castilla y León. «Más de un millón de madrileños están vinculados a esta tierra», argumentó Esperanza Aguirre, que se quejó de la falta de predisposición de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, a financiar alternativas a las A-6 (Madrid-La Coruña) y A-1 (Madrid-Burgos). «El colapso de estas dos nacionales es diario y tendrá que ser la propia comunidad de Madrid la que saque a concurso dos radiales para hacerle frente», precisó la presidenta madrileña.

Aguirre y Herrera abordaron también la mejora de carreteras comarcales que unen el norte de Madrid con Ávila y Segovia e hicieron un seguimiento de los acuerdos que adoptaron en el encuentro institucional que mantuvieron en julio del 2004 en Ávila. Ambos presidentes dieron un aprobado sobrado a esta colaboración.

Más de una hora de conversación en el despacho de Herrera fue tiempo suficiente como para no pasar por alto el «debate territorial», marcado por las demandas estatutarias y económicas de Cataluña.

Financiación autonómica

Partiendo desde una situación diferente para el reparto de dinero -Castilla y León es una región extensa y poco poblada y Madrid más recogida territorialmente y con gran densidad de población- la posición de ambas comunidades es bastante coincidente.

«Madrid es más parecida a Cataluña. Cualquier cosa que convenga a Cataluña le conviene también a Madrid», argumentó Esperanza Aguirre, que aclaró que su comunidad difiere de la catalana en que considera necesario que haya fondos que corrijan la situación de las regiones que no gozan de un superávit de renta y de población. «Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común y esto, lejos de empobrecernos, nos ha convertido en la locomotora de España», añadió la mandataria madrileña. La explicación es lógica. Los principales clientes de las empresas madrileñas radican en las comunidades vecinas. «Si a ellas les va bien, a Madrid también», recalcó.

«Yo no digo que se cambien los criterios de reparto por el número de residentes o la dispersión de la población. Lo que sí quiero es que si Madrid ha crecido en los últimos años en 750.000 habitantes, que se reconozca», precisó la presidenta Aguirre, que recordó también que Cataluña recibe dinero del Fondo de Suficiencia, pues son su comunidad y Baleares las únicas contribuyentes netas.

Juan Vicente Herrera alabó el planteamiento de su compañera de partido de incluir en su razonamiento sobre financiación autonómica los beneficios en la balanza comercial que obtiene Madrid. «Unos argumentos que se alejan de proyectos aldeanistas», afirmó, en referencia a las demandas firmadas, principalmente, por los nacionalistas catalanes.