«No pueden salir porque no son de la Generalitat e incumplen la ley». Este es el argumento que esgrimió ayer el portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, para justificar que se impida la salida de las 500 primeras cajas que serán devueltas a Cataluña desde el Archivo de la Guerra Civil y que está prevista para hoy, entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde.

El portavoz, del PP, informó de la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de Salamanca que acordó la denegación del permiso solicitado por el director del Archivo, Miguel Ángel Jaramillo, para la carga y descarga de las cajas en la calle de Gibraltar, sede del complejo.

El acuerdo también establece que la Policía Local «velará por el cumplimiento» del dictamen y que se desplegará un amplio operativo para impedir cualquier actividad relacionada con la carga de los papeles. Rodríguez eludió pronunciarse sobre la posibilidad de que los furgones se sitúen en la calle Rector Esperabé -fuera de las restricciones de carga de la zona histórica-- y los papeles sean sacados «a mano» por operarios del Ministerio de Cultura.

De hecho, la Policía Municipal se desplegó ayer en la zona para «canalizar el tráfico y velar por la seguridad de las ciudadanos por si ocurriera algún imprevisto» y volvió a levantarse el bolardo que corta el tráfico en la vía después de varios meses en desuso. A ellos se sumaron cuatro unidades de la Policía Nacional. «Nos inventaremos algo de esto para tener tanta policía más a menudo», ironizó Rodríguez sobre estas últimas.

Por la vía de urgencia

Rodríguez añadió que el Ayuntamiento presentó ayer por vía de urgencia un contencioso administrativo contra el traslado ante el juzgado de guardia, por entender que el Ministerio de Cultura vulnera la Ley de Restitución Documental publicada en el BOE del 18 de noviembre. Esa norma establece que serán devueltos a la Generalitat los documentos incautados por las tropas franquistas pertenecientes a esa institución, a los organismos que dependían de ella y al Parlamento catalán.

El portavoz señaló que el recurso se basa en el informe del director del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí de Diego, que señala que al menos 179 cajas albergan información que no se corresponde con estos criterios, por contener documentación de otros puntos de España o, siendo de Cataluña, no de instituciones pertenecientes a la Generalitat, como juzgados, las Milicias Anti-fascistas o particulares.

Por ello el Ayuntamiento solicita como medida «provisionalísima» que se suspenda la salida de papeles hasta que se haga un estudio exhaustivo de los legajos. El contencioso también pone de manifiesto el «incumplimiento» de la ley en otros aspectos, como que no se ha emitido un informe del Patronato del Archivo, trámite preceptivo pero no vinculante.

El portavoz señaló que el Estado deberá renunciar a sacar papeles «salvo que se sitúe fuera del respeto a la legalidad» e ironizó sobre las palabras del hoy subdelegado del Gobierno, el socialista Jesús Málaga, que en 1995, siendo alcalde de la ciudad, aseguró que «del Archivo no saldrá ninguna caja a no ser conmigo dentro».