La Junta de Castilla y León trasladó ayer a última hora de la mañana al Ministerio Fiscal el informe sobre las presuntas irregularidades en la gestión del ex gerente de Sacyl, Pedro Antona, al estimar que pueden ser «constitutivas de ilícito penal». La Consejería de Sanidad pide así al fiscal que investigue desajustes de precio en la compra de prótesis y la irregular derivación de pacientes a centros privados con intención de favorecer a empresas de un amigo en detrimento de los intereses de otra sociedad sanitaria.