«Fui amenazado de que sería violado, que mi familia sería atacada, mi hija secuestrada y que yo sería asesinado por espías (estadounidenses) si regresaba a mi casa en Arabia Saudí». El yemení Juma al Dossari, arrestado en Pakistán a finales del 2001 y trasladado a la cárcel estadounidense de Guantánamo (Cuba) en enero del 2002, es uno de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional (AI) en un informe con motivo del cuarto aniversario de la puesta en marcha de este penal de la infamia, donde 500 «combatientes enemigos» -según los califica EE. UU.- esperan noticias sobre su suerte. AI exige el cierre de este símbolo de la «guerra contra el terrorismo» emprendida tras el 11-S por la Administración Bush por ser ilegal y permitir las torturas sistemáticas.

Juma lleva detenido cuatro años y aún no ha sido enjuiciado. No sabe de qué le acusan ni cuándo volverá a ver a su familia en Yemen. En este tiempo había resistido a las amenazas y había logrado eludir el desánimo, principal enemigo de los presos indefensos, pero de un tiempo para acá éste se ha apoderado de él.

Cuenta a su abogado que ha visto tantos abusos que no sabe por dónde empezar a contar. Pero a modo de aperitivo rememora los dos últimos que se le vienen a la cabeza: «Los soldados meten la cabeza de detenidos en el inodoro y luego tiran de la cisterna hasta casi ahogarlos; otros golpean sin reparo a presos enfermos o heridos delante de médicos y enfermeras».

A diferencia de Juma, al sudanés Sami al Hajj, de 35 años, le tocó sufrir en sus propias carnes interrogatorios sistemáticos. Fue detenido en Afganistán en junio del 2002 cuando cubría para la cadena Al Jazzera los primeros días del régimen naciente después de los talibanes. Nunca supo por qué lo apresaron. Solo después comprendió que EE.UU. quería vincular como fuera a Al Qaida con la «incómoda» cadena qatarí y él podría ser el chivo expiatorio.

«Durante más de tres años, la mayoría de los interrogatorios a los que fui sometido se concentraron en tratar de hacerme decir que Al Jazzera y Al Qaida eran lo mismo», cuenta Sami.

Otro de los casos recogidos por AI es el de un hombre de negocios yemení, Abdulsalam al-Hela, cuyas declaraciones parecen confirmar la práctica de los «secuestros ilegales» perpetrados por la CIA y que tanta repercusión han tenido en las últimas semanas. En una carta obtenida por la organización pro derechos humanos, Hela cuenta que fue detenido en Egipto por soldados estadounidenses en septiembre del 2002, enviado a Bakú (Azerbaiyán), más tarde a Afganistán y finalmente a Guantánamo a principios del 2004, previo paso por algún país europeo. Estos tres casos son solo algunos de los que AI se ha hecho eco. «El centro de detención debe ser cerrado y debe abrirse inmediatamente una investigación sobre los numerosos actos de tortura», concluye la organización.