El auto de imputación inicial de tres responsables de la constructora burgalesa Arranz Acinas llega 365 días después del trágico siniestro que le costó la vida a diez operarios de dicha empresa y no representa más que el comienzo de un dilatado proceso judicial que tuvo un aperitivo a mediados del pasado año con la imposición de una multa de 125.000 euros a raíz del acta por «infracción grave» elaborada por la Inspección de Trabajo en abril.

El trágico accidente laboral conmocionó a la sociedad burgalesa y sacó a la calle a más de dos mil vecinos el 14 de enero, al día siguiente del suceso, para participar en una concentración silenciosa como muestra de dolor por la muerte en ese instante de ocho trabajadores -el octavo murió esa misma mañana y los otros dos fallecieron en los cinco días siguientes en el hospital-.

La explosión de un bidón de gasolina que manipulaba un operario dentro del local utilizado como improvisado vestuario y almacén en el número 2 de la calle Sauce, bajo un bloque de viviendas, se propagó al revestimiento de poliuretano del techo y atrapó a las doce víctimas -solo dos lograron sobrevivir a pesar de la gravedad de sus heridas-.

La alta toxicidad del humo y la ausencia de medidas de seguridad en el local hicieron el resto.