El Ayuntamiento de Valladolid aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por la concejala del PSOE Carmen Vallejo en la que se insta a la Junta a que cumpla el compromiso de cofinanciación adquirido en la Ley de Coordinación de Policías Locales que ha obligado a una reorganización de escalas y categorías de 446 agentes con un coste para las arcas municipales de más de dos millones de euros desde el 2003.

En el mismo pleno, el PP rechazó la propuesta de Izquierda Unida para que las máquinas expendedoras de los centros municipales suministren productos -café y azúcar- procedentes del comercio justo como «un gesto que ayude a romper las barreras de pobreza que separan al norte y el sur», según recordó el edil Alfonso Sánchez de Castro.

El concejal de Hacienda, Jesús Enríquez, justificó su rechazo en que se trata de «un mero gesto que se queda en la superficie y que no ayuda a atajar el problema de fondo». El edil, quien prefirió denominar esta práctica como comercio solidario, anunció que el Consistorio está trabajando para bonificar en los pliegos a aquellas empresas que utilicen papel o madera procedentes de prácticas comerciales solidarias con el Tercer Mundo.

El portavoz del PSOE Ángel Velasco volvió a interrogar al alcalde sobre si ha solicitado a las Juntas de Contratación un informe sobre la legalidad de introducir el patrocino y mecenazgo en los concursos de suelo. León de la Riva recordó que está pendiente un estudio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y reiteró que ya se ordenó retirar esa cláusula.

El regidor avanzó además que se está trabajando en una ordenanza para regular el mecenazgo y el patrocinio en todas las áreas municipales, aunque dijo que su desarrollo aún «está muy verde».