DE los veinte integrantes de las dos células islamistas radicales desarticuladas ayer en Barcelona, Guipúzcoa y Madrid, el ministro de Interior ha destacado especialmente que formaban una red con un nivel de organización muy superior al de otras descubiertas anteriormente. Tanto, que se trataría de un grupo responsable del adoctrinamiento y envío de muyahidines a Irak, uno de los cuales incluso pudo ser el terrorista suicida que hace dos años mató a 19 'carabinieri' italianos en territorio iraquí.

Esta operación abunda en el especial relieve del trabajo policial contra el terrorismo islamista en España, máxime si se tiene en cuenta que desde el 2005 se han detenido ya a cerca de un centenar de acusados de pertenecer o mantener vínculos con estas organizaciones y que la de la madrugada de ayer fue la segunda redada en lo que va de año; cifras y tendencias que no deben interpretarse como propias de la rutina de las fuerzas de seguridad, sino como fruto de una necesaria labor preventiva y de investigación. La presencia o el asentamiento de grupos fundamentalistas radicales en España rebasa, a la vista de los datos, los cálculos oficiales conocidos, sin que valga ya la consideración de que nuestro país es solo una base organizativa. Los atentados del 11 de marzo de el 2004 en Madrid son una constatación de la vigencia de este peligro, compartido con otros Estados y sociedades. La peculiaridad de unas tramas sin organización jerárquica piramidal, sino más bien conformadas mediante células de 'trabajo' estancas, con elementos que transitan indistintamente por la delincuencia común o el trabajo legal y a veces - caso de uno de los detenidos ayer - con la cobertura de una actividad religiosa manipulada, hace que esta 'impermeabilidad' a elementos externos sea muy costosa y lenta de romper por parte de los servicios de seguridad.

Después del 11-S, del 11-M y de los atentados del pasado verano en Londres, los terroristas y quienes les amparan deben comprobar rotundamente que las garantías de un Estado de Derecho nada tienen que ver con la impunidad. Cada foco de activismo o adoctrinamiento en el fanatismo desarticulado es un peligro del que se libra a la ciudadanía, incluidos los 500.000 miembros de la comunidad musulmana en España.

Las ambiciosas declaraciones del presidente en ejercicio del Consejo de la UE y canciller austriaco, Wolfgang Schüssel, declarando que la Constitución europea no está muerta, sino que simplemente no se halla en vigor, han sorprendido gratamente por cuanto nadie esperaba que Austria se marcase grandes objetivos para su presidencia semestral. Sin embargo, y pese a las loables intenciones austriacas de realizar un profundo debate sobre el futuro de Europa, se da por seguro que, desde un punto de vista político, la UE seguirá en su compás de espera hasta las elecciones presidenciales francesas del 2007, por muchas esperanzas que se hayan puesto incluso en el liderazgo de la nueva canciller alemana, Angela Merkel.

Con su decisión de impulsar el proceso de ratificación del texto constitucional, Schüssel parece ignorar las sonoras negativas holandesa y francesa y la decisión de varios Estados miembros de posponer 'sine die' su aprobación y, sobre todo, se muestra dispuesto a superar el bálsamo que supuso la 'entrada' de la UE en el denominado 'período de reflexión', que debía durar hasta otoño del 2006. Ahora bien, conviene no olvidar que el Gobierno de Viena no es proclive al rápido acercamiento de Croacia, Macedonia, Bosnia y Serbia a la UE, y en especial se opone a cualquier posibilidad de una eventual entrada de Turquía. Y, precisamente, una manera de ralentizar las futuras ampliaciones es desenterrar la Constitución europea y ponerla de nuevo encima de la mesa. En realidad, el gesto austriaco habría que entenderlo en una doble vertiente: una iniciativa favorable a la Constitución, pero también un claro favor al Gobierno de coalición de Merkel, el Ejecutivo más interesado en resucitar el pacto fallido.

De momento, Schüssel ha rechazado la creación de un núcleo duro y ha preferido subrayar que su idea es «movilizar» a todos. Lo mejor que puede hacer la Unión de los Veinticinco es consolidar la ampliación del 2004 y trabajar para que las políticas europeas produzcan resultados beneficiosos para las sociedades de todos sus Estados.