EL cese-dimisión del gerente de Sacyl en Valladolid, Pedro Antona, ha destapado con detalle la creciente privatización encubierta de que viene siendo objeto la sanidad pública en Castilla y León. Ciertamente, no había que esperar a que la Junta aplicara el llamado 'método alemán' al nuevo hospital de Burgos para constatar la escalada privatizadora en la gestión del sistema regional de salud.

So pretexto en unos casos de reducir las listas de espera, con la coartada en otros de ampliar la cartera de prestaciones, lo cierto es que desde que Sacyl sustituyó al Insalud la 'externalización' ha ido disparándose en beneficio del sector privado. Los conciertos (en no pocos casos adjudicados sin concurso alguno) con hospitales y clínicas privadas han propiciado un próspero negocio sanitario alimentado desde el erario público.

¿En cuánto ha crecido esa transferencia de fondos públicos al sector privado desde que la Junta asumió las plenas competencias sanitarias?

Era una pregunta que nos hacíamos aquí mismo con ocasión del debate sobre financiación sanitaria que tanta tinta gastó meses atrás. La respuesta seguimos sin conocerla, pero ahora se entiende mejor la razón por la que el Partido Popular se opuso recientemente en las Cortes regionales a la petición socialista de que el Consejo de Cuentas de Castilla y León fiscalizara expresamente el gasto del Sacyl. Máxime cuando todo apunta a que lo destapado en Valladolid no es más que la punta de un iceberg sumergido bajo todo el sistema regional de Salud. Según la responsable del área de Sanidad en el PSOE de Castilla y León, Teresa Rodrigo, la vinculación de Pedro Antona con empresas sanitarias privadas «era conocida por todo el mundo antes de su nombramiento». Siendo que al menos los socialistas ya conocían dicha situación, no se comprende que hayan consentido durante más de tres años tal colusión de intereses sin haberla denunciado como correspondería a su deber de oposición, tarea en la que una vez más no han dado la talla.

Paradójicamente, existen sobrados indicios para pensar que la caída de Antona ha tenido mucho que ver con la guerra cainita desatada en el PP de Valladolid. Un enfrentamiento fraticida que vienen librando cada vez más encarnizadamente los clanes encabezados respectivamente por el presidente provincial, Tomás Villanueva, y por el portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Regionales, José Antonio de Santiago.

Frente al tradicional 'clan Villanueva', que controla férreamente el aparato provincial del partido, el portavoz parlamentario lidera en la sombra un selecto grupo de presión, con escaso peso entre la militancia de base, pero con gran capacidad de influencia por la relevancia de sus cargos públicos y, sobre todo, por la cercanía personal del propio De Santiago a Juan Vicente Herrera. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva; la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y la presidenta del Consejo Consultivo, María José Salgueiro, son algunos de los 'notables' aliados en ese influyente 'lobby' político.

Las circunstancias que rodeaban la gestión de Antona -una especie de 'bestia negra' personal para el alcalde vallisoletano, quien hace tiempo que no se recataba en poner algo más que en entredicho a ese compañero del partido- hacían de aquel una perfecta víctima propiciatoria para un nuevo ajuste de cuentas. Resultado: otra patada a Villanueva -y van unas cuantas últimamente- en esta ocasión en el trasero del ya ex gerente provincial del Sacyl.

El 'caso Antona' ha puesto por otra parte en el disparadero al titular de la Consejería de Sanidad, César Antón, uno de los pocos consejeros que había conseguido mantenerse al margen del fuego cruzado entre los dos bandos enfrentados en el seno del Gobierno regional. Dos bandos que se han ido decantando precisamente a partir de la guerra en el PP vallisoletano, con la vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, al frente de la facción alineada con el clan encabezado por De Santiago. Un enfrentamiento cainita al que en origen seguramente tampoco es ajeno el chusco episodio de la difusión de los datos del coche particular de la propia vicepresidenta.

La extensión de estas luchas intestinas a la Junta está conllevando su traslado automático a la cúpula regional del PP, que empieza a polarizarse en torno a los dos sectores, con el consiguiente riesgo de que el cisma se expanda al conjunto de las provincias. Toda una bomba de relojería cuando quien más y quien menos empieza a tomar posiciones ante la elaboración de las listas electorales de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, esto es, el consabido «qué hay de lo mío» interno de cada cita electoral.