EL 'caso Mena', muy mal recibido por la prensa europea (que ha vuelto a hablar simplificadoramente de 'ruido de sables' en España), adquiría ayer sus perfiles más nítidos en los medios españoles. Y quedaba explícita de puño y letra de algunos de sus fautores la posición del sector ideológico que, con su correspondiente articulación radiofónica, defiende al general Mena de la «agresión» gubernamental. La teoría en cuestión es la siguiente: el Gobierno, formado por el sector más radical y revanchista de la izquierda, estaría desde su llegada al poder intentando perpetrar un golpe de Estado encubierto cuya manifestación más conspicua sería la reforma indirecta de la Constitución mediante la aprobación de un Estatuto de Cataluña que de hecho la desfiguraría. El general Mena, consciente del peligro, habría dado heroicamente la voz de alarma, y, en consecuencia, ahora se trata de defenderlo, de arroparlo y de convertirlo en la punta de lanza de la resistencia frente a semejante operación. Curiosamente, según la lógica de esta 'teoría del golpe de Estado', los verdaderos constitucionalistas, defensores de la Carta Magna del 78, serían los golpistas, los militares alzados contra el poder civil dispuesto supuestamente a reformar el régimen. Delirante, ¿verdad?

Esta ilación argumental, que ya se desprendía del inaceptable parlamento de Mena, impregna también las cartas de adhesión de los militares jubilados que se han alineado con el general arrestado así como las notas de las dos asociaciones de militares más, digamos, 'conservadoras', la Asociación de Militares Españoles (AME) y Amarte. Y está claramente en el discurso mediático de algunos comunicadores que desde hace tiempo tratan de escribir la música en el pentagrama político del PP.

En primera instancia, estos sectores ultramontanos se envalentonaron al ver cómo el primer partido de la oposición ofrecía respuestas evasivas a la inaceptable veleidad del general Mena. Muchas horas después, Rajoy establecía con la pertinente rotundidad que aquellas declaraciones «no se debieron hacer, no se pueden hacer y no son propias de un militar». Pero el líder popular, aunque ya correctamente ubicado, optaba por mantener viva la teoría conspirativa del golpe de Estado y añadía que «esas cosas» -la inquietante salida del tono del militar- «no pasan porque sí». Dicho en otros términos, el general Mena se habría echado al monte, lo que resulta rechazable e indefendible, pero hay que reconocer en su descargo que no le han faltado razones para hacerlo. Es a todas luces muy peligroso que la gran opción política alternativa de la coyuntural mayoría se mueva por estos linderos de la zona constitucional.

Sentado todo esto, no parece procedente efectuar una distribución maniquea de responsabilidades objetivas y concretas con relación a un estado de cosas gravemente deteriorado. Porque la realidad más cierta es que cuando las querellas entre personas y grupos que tienen acreditadas la integridad democrática y la capacidad de diálogo llegan hasta los extremos que han alcanzado entre nosotros, la culpa ha de ser de todas las partes y no de una sola. El PP ha hostigado en demasía al Gobierno y el Gobierno ha sido social y políticamente poco conciliador y se ha cebado en exceso en el descrédito de su principal adversario. Los dos actores han optado por la estrategia del desgaste sistemático del otro, en parte para dar salida a los caudales de enemistad visceral que se habían acumulado, en parte porque los dos contendientes han entendido que esta estrategia era la mejor para preservar sus intereses. La realidad es, en fin, así de prosaica, así de cutre, de poco idealista.

Lo más grave del caso es que, dejando al margen a los protagonistas de la polémica y a quienes, acaloradamente, han escenificado personalmente esta nueva y peligrosa contienda mediática en torno al histriónico disparate del 'caso Mesa', la opinión pública, ese magma central de ciudadanos cargados de razón y de buena voluntad que nos contempla, está pasando de la perplejidad a la irritación al comprobar cómo sus representantes electos están, literalmente y en términos coloquiales, jugando con las cosas de comer. Esas gentes ya saben que el régimen no peligra, que los mediocres líderes que tenemos gesticulan y gritan porque están escasamente dotados para la discusión intelectual, que la gran pérdida de tiempo que supone reformar el marco institucional no es en exceso onerosa porque las grandes cuestiones de este país ya están felizmente resueltas. Pero a pesar de ello, reclama, y con razón, tranquilidad política. No es cómodo ni satisfactorio tener que desayunar a diario con soflamas militares ni con exabruptos civiles. Ya es hora, en fin, de que terminen de pactar de una vez el malhadado estatuto de nuestras desdichas quienes deben hacerlo y que la política democrática regrese al perfil bajo que siempre debe mantener allá donde la sociedad es incuestionable protagonista de su destino, aun cuando sus cuadros dirigentes tengan la pretensión, generalmente infundada, de ser insustituibles.