La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del colegio Pablo Picasso se sentará mañana en el banquillo de los acusados en el transcurso de un juicio por despido improcedente -promovido por una monitora de gimnasia- en el que está en juego, al margen de la indemnización pecuniaria, el futuro inmediato de las actividades extraescolares y la subsistencia de las agrupaciones en todos los centros escolares públicos de la ciudad.

La demandante, que trabajó impartiendo clases de gimnasia rítmica durante el curso desde 1998 hasta 2004 en el colegio del paseo de Juan Carlos I, demandó a la AMPA del centro por no renovar su contrato este año al entender que la relación que les unía era «de carácter fijo discontinuo», según explica su abogado, miembro del gabinete jurídico del sindicato UGT.

El letrado considera que, pese a que los contratos eran verbales y sin alta en la Seguridad Social, «la relación laboral existía», por lo que reclama que se reconozca la contratación y que se indemnice a la trabajadora por despido improcedente, además del pago de la cotización a la Seguridad Social.

La versión de la afectada difiere de la de los padres en el sentido de que la primera afirma que «no le dieron justificación alguna y se enteró por teléfono de que habían contratado a otra personas», relata su abogado, mientras que los demandados aseguran que se informó a la monitora de que «iban a cambiar los horarios y no se presentó el 4 de octubre».

Una sentencia contraria a la AMPA significaría, a juicio del director del centro, José Luis Antón, «un palo muy grande para todas las asociaciones y para las actividades extraescolares de los colegios públicos, ya que son los padres los encargados de organizar el 95% de los programas y de contratar directamente a los monitores gestionando las subvenciones municipales que reciben».

En el mismo sentido, Julio César González, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valladolid (Fapava), aclara que «nos arriesgamos a que los padres no se quieran meter en estas agrupaciones para evitar problemas como este en el que el juez está considerando a la AMPA como si fuera una empresa, cuando se trata de una asociación de voluntarios sin recursos económicos».

Obligatorias por ley

En la última asamblea de Fapava -celebrada después de que la demandante rechazara la oferta realizada por la AMPA en un acto de conciliación-, sus directivos recomendaron «la disolución de las asociaciones si la AMPA del Pablo Picasso pagaba un solo euro», recuerda la ex presidenta de la Federación, Lola Berruguete. Su sucesor en el cargo añade que en caso de condena creemos que lo mejor «es suspender todas las actividades extraescolares en los centros públicos para obligar a las administraciones a asumir las contrataciones y la organización de estas dado que por ley son obligatorias y deben estar al alcance de los alumnos de los centros».El trasfondo del juicio por despido improcedente contra la AMPA del colegio público Pablo Picasso de Delicias se remonta a 1997, cuando el Ayuntamiento dejó de contratar directamente a los monitores deportivos que impartían clases extraescolares en los centros y pasó a subvencionar a las asociaciones de padres para que fueran estas las que organizaran las actividades y contrataran directamente a los profesores.

Aquel cambio de política le supuso al Consistorio una cascada de demandas por despido improcedente -idénticas a la presentada ahora por una monitora- de los monitores deportivos y el pago de las correspondientes indemnizaciones, recuerdan fuentes del gabinete jurídico de UGT.

Aquella decisión política significó, a juicio del presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de los Colegios Públicos (Fapava), Julio César González, «un varapalo para el deporte base, que por otro lado tanto fomentan, dejando el marrón a la buena voluntad de los padres». Una sentencia contraria al AMPA, prosigue, «puede cargarse el sistema si no retoman las contrataciones». El director del colegio público Pablo Picasso, José Luis Antón, incide en que si las AMPAS abandonan su labor organizativa de actividades fuera del horario lectivo y la administración no asume los contratos, habría que contratar a empresas externas y encarecer los precios hasta que muchos alumnos no puedan pagarlos.