El próximo 27 de enero se cumple un año del hundimiento del túnel de la línea 5 del metro en el barrio barcelonés de El Carmelo. La catástrofe dejó a 1.276 vecinos sin hogar y provocó una fuerte trifulca política entre Pasqual Maragall, el Gobierno tripartito y la oposición que estuvo a punto de desembocar en crisis institucional. Un año después, sin embargo, los llamamientos a favor de la transparencia y la moralización de la vida pública catalana -salpicada por numerosos escándalos políticos y económicos- se han olvidado. La comisión parlamentaria que se creó para investigar el drama está paralizada. Y todo parece indicar que ni el Ejecutivo catalán, ni la oposición nacionalista tienen interés en conocer qué ocurrió para sacar las oportunas enseñanzas políticas.

Las denuncias de Maragall contra el pago ilegal de comisiones en la adjudicación de obra pública en la época de CiU, el famoso 3%, quedaron en la nada. Los convergentes tampoco llevaron al 'president' a los tribunales por estas acusaciones, como prometió Artur Mas. Incluso Josep Piqué, presidente del PP catalán, parece no pensar ya en el asunto. Al menos, ha dejado de denunciar que «CiU y el PSC se tapan mutuamente las vergüenzas» para evitar verse salpicados por el tema.

El escritor Juan Marsé en 'Últimas tardes con Teresa', describe con todo lujo de detalles el barrio de El Carmelo hace 45 años. Recuerda que se trataba de un barrio difícil y pobre. Hasta 1958 no hubo transportes públicos y en la postguerra se talaron los árboles para utilizarlos como leña.

El 80% del barrio fue construido entre 1960 y 1980 y el 48% de las viviendas tienen menos de sesenta metros cuadrados. A partir de la década de los 60 El Carmelo se convirtió en un barrio popular de inmigrantes de las zonas más pobres de España. Castigado en los años 90 por los efectos de la especulación inmobiliaria de los 60 y 70, vio cómo se derribaban muchos de sus bloques, enfermos de aluminosis.

Sin respuesta

«Las autoridades municipales y autonómicas miraron para otro lado, porque estaban más preocupadas por los gastos de las Olimpiadas y por garantizar los intereses de las grandes constructoras», asegura un miembro de la Asociación de Vecinos de El Carmelo. Recuerda este activista que en plena crisis, hace un año, les llamó la atención que, «mientras las autoridades se empeñaban en referirse al barrio como El Carmel, los vecinos, todos, hablaban una y otra vez de El Carmelo». «La 'o' -asegura- marcaba la diferencia: hay zonas, como El Carmelo, que están en Cataluña, pero no son lo que las autoridades esperan que sea la Cataluña oficial».

Antes del hundimiento del túnel del metro, los vecinos del barrio llevaban dos años quejándose por las obras, que empezaron en noviembre del 2002, y acumularon unas doscientas denuncias. El reproche más generalizado era la aparición de grietas en sus casas, algunas de las cuales tuvieron que ser desalojadas. El 15 de enero del 2005, se produjeron desprendimientos de terreno, y el 24, tres días antes del desastre, la detonación de unos explosivos provocó temblores en varios edificios.

Ahora se sabe que para las obras del nuevo tramo del metro que pasa por El Carmelo no se realizó un estudio geológico preceptivo, según Joan Carles Melgarejo, geólogo contratado por la Asociación de Vecinos. Este técnico independiente declaró en la comisión parlamentaria que las obras se habían realizado sin hacer un estudio de las características hidrogeológicas del terreno; ni siquiera se habían tenido en cuenta la composición mineralógica o la influencia del agua sobre la erosión de la roca.

Pere Valero, autor del estudio geológico y geotécnico para el proyecto inicial que luego sería modificado, declaró que debido a la complejidad del terreno «como mínimo hubiera hecho falta dos sondeos», mientras el técnico Ramón Pérez, de la empresa Tecsol, afirmó que ninguno de los 16 sondeos que se realizaron fue llevado a cabo en el túnel de maniobras que se hundió.

Delitos sin sanciones

El propio consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, el socialista Joaquim Nadal, entregó un informe al Parlamento donde se reconoce que se cambió el proyecto para recortar el tiempo de ejecución de las obras en dos meses y hacerlo más «competitivo». GISA, el organismo público de la Generalitat responsable de la gestión de las obras, contrató los servicios de varias empresas que optaron por utilizar el llamado 'método austriaco', que había sido rechazado en las obras de ampliación del metro en Madrid en 1996, por motivos de seguridad.

Además, en los trabajos se escatimaron materiales de construcción, no se respetaron una serie de normas de seguridad y se ocultó información. Así las cosas, la decisión tomada por el Gobierno de Jordi Pujol, que, según algunos sectores sociales, puede calificarse de «delictiva», «no se ha visto sancionada ni por la justicia ni por la clase dirigente», dice Tomás García, portavoz de la Asociación de Vecinos de El Carmelo.