Más vale tarde que nunca. El año que acaba de comenzar supondrá el final de la pasividad y apatía que la Administración regional ha mostrado sobre el control de la población canina y de los propietarios sin escrúpulos. La Consejería de Agricultura y Ganadería se ha puesto manos a la obra para aplicar la Ley de Protección de Animales de Compañía, en vigor desde 1999, que en su artículo 9 recoge la obligación de los dueños a identificar a su mascota y de los ayuntamientos a elaborar un censo canino en el que se recojan los datos del amo y del animal.