nortecastilla.es
Jueves, 5 de enero de 2006
 Webmail    Alertas   Envío de titulares     Página de inicio
PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES
EL TIEMPO
AUDIENCIA
LO + BUSCADO
Oposiciones
Cursos On line
Inglés
Ofertas de viajes
Antivirus
SMS gratis
Alquiler de pisos
Recetas de cocina
VIDA & OCIO
VIDA Y OCIO
AI denuncia que 1,5 millones de menores españoles accede a videojuegos violentos
Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la desprotección de los menores frente a los videojuegos, por lo que solicita al Gobierno que redacte una ley marco para controlar el acceso a los videojuegos por parte de los niños y adolescentes, ante unos programas que «dejan indefensas a las familias al banalizar la violación de los derechos humanos». Según recoge AI en su informe 'España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en el juego', la protección de los derechos de la infancia «está en manos de la voluntariedad de las empresas que los comercializan».

Su director en España, Esteban Beltrán, destaco que «no hay ninguna ley que regule los puntos de venta a diferencia de otros estados como Alemania o el Reino Unido». El estudio de AI destaca que en España hay unos tres millones de menores que consumen videojuegos. De ellos, el 50% de los niños y el 15% de las niñas utilizan programas para mayores de edad y la tres cuartas partes manejan videojuegos violentos.

Esteban Beltrán denunció que los pequeños pueden adquirir los programas bien en los establecimientos o a través de Internet, sin que nadie les controle si los juegos son los apropiados para su edad. El informe destaca que ni la legislación autonómica, ni el código de autorregulación de la industria a través del sistema de clasificación por edad PEGI (Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos) «garantiza el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a los menores adquirida por España con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño».

Para el presidente de AI, los derechos humanos «no son voluntarios y la industria, que factura más de 700 millones de euros al año, no tiene como prioridad la protección del menor». Beltrán recordó que hace un año llamaron la atención al Gobierno sobre el asunto «y no ha hecho nada».



Vocento