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La Policía intenta proteger a las dos detenidas. Manuel Brágimo
Las dueñas de Zep Travel aceptan que todas las reclamaciones se sometan al arbitraje de consumo

Las dueñas de Zep Travel aceptan que todas las reclamaciones se sometan al arbitraje de consumo

La Unión de Consumidores considera que se trata de la forma más ágil para que los afectados puedan recuperar su dinero

José María díaz

Palencia

Lunes, 14 de agosto 2017

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El abogado de las dos responsables de la agencia Zep Travel, Antonio Vázquez, y el presidente de la Unión de Consumidores de Palencia (UCE), el también letrado Alberto Arzúa, han intentado mandar un mensaje de tranquilidad a todos los afectados por el cierre de la empresa, explicándoles que podrán recuperar su dinero, ya que la normativa de la Junta de Castilla y León que regula el sector obliga a que todas las agencias minoristas, como es el caso de Zep Travel, cuenten con un seguro de turismo y un aval bancario.

Ante los momentos de tensión y nerviosismo que se vivieron durante la mañana ante las puertas de la empresa, cuando la Policía Nacional acudió junto a las dos responsables a efectuar un registro, los dos abogados acordaron ayer tomar medidas para tranquilizar a los afectados, que a lo largo de la mañana habían acudido de forma continua a las dependencias de la Unión de Consumidores y también a la Oficina Municipal de Consumo para solicitar asesoramiento y presentar reclamaciones. Muchos habían pasado ya previamente por la Comisaría de la Policía Nacional para formular denuncias, al comprobar, tras el cierre sin previo aviso de la empresa el pasado sábado, que sus viajes y vuelos estaban cancelados a pesar de haber abonado todos los gastos.

Un importante número de estos afectados no pudo reprimir la rabia cuando las dos mujeres fueron escoltadas por la Policía Nacional hasta uno de los coches patrulla, y los agentes tuvieron que esforzarse por protegerlas, mientras les llovía todo tipo de insultos como «estafadoras, ladronas, sinvergüenzas». Los improperios se dirigieron después hacia el letrado de las dos detenidas por asegurar que en esos momentos solo se estaban tramitando una veintena denuncias, mientras que los afectados aseguraban que ya se han formulado más de un centenar. El letrado explicó después que sus datos hacen referencia a los incumplimientos de contrato que ya se han producido, ya que, según indicó, hay un importante número de denuncias que hacen referencia a viajes contratados para los meses venideros, que todavía no pueden considerarse incumplimientos, aunque señaló que era perfectamente consciente de la preocupación y la angustia de los afectados. «En principio, es un goteo de denuncias, pero son 20 ó 25 las que están tramitándose, pero el susto de la gente, la angustia ha hecho que se denuncien viajes que ni siquiera están terminados y otros que están por venir», indicó.

El abogado señaló además por la mañana que «todavía no hay acusación formal. Simplemente, se están realizando las diligencias para ver lo que ha pasado, como consecuencia de la multiplicidad de denuncias que se han presentado al haberse cancelado algunos viajes. Ellas están colaborando con las autoridades. Han ofrecido toda la asistencia necesaria para que puedan venir todas las personas que están fuera. Han comunicado el cese de todos los viajes que no se pueden cumplimentar. Tienen los seguros y tienen toda la documentación entregada para que se pueda resolver este conflicto de forma tranquila y racional», señaló Antonio Vázquez.

Y en este sentido de colaboración y de reparación de los daños, el abogado de las detenidas explicó que había obtenido el compromiso de sus representadas de someterse voluntariamente al arbitraje de consumo para facilitar que todos los afectados puedan recuperar su dinero lo antes posible. El presidente de la Unión de Consumidores explicó que esta fórmula jurídica resulta mucho más ágil que el recurso a los tribunales, a través de la jurisdicción civil, debido a que las resoluciones de los arbitrajes de consumo son mucho más rápidas y el laudo que se emite tiene la misma validez que una sentencia para las reclamaciones económicas al sistema de seguros, que está controlado por la Junta de Castilla y León.

Arzúa explicó que la licencia de actividad de las agencias de viajes cuenta con un aval de 60.000 euros para cubrir las reclamaciones por servicios que no se han prestado. Indicó además que en el caso de que se agoten estos fondos, el sistema estima establece que en el plazo de 30 días esta fianza debe recuperar de nuevo ese nivel mínimo de 60.000 euros, con lo que los dos letrados insistieron en que todos los afectados, siempre que puedan acreditar con contratos y recibos los pagos que han efectuado, podrán recuperar su dinero.

El abogado de las detenidas recalcó que la agencia ha trabajado cumpliendo estrictamente con la legalidad, por lo que señaló que no tiene duda de que todos los afectados podrán presentar los justificantes y contratos entregados por Zep Travel.

Los dos partes defendieron el arbitraje de consumo como la fórmula «más rápida, la más acertada y la más segura de que los afectados recuperen su dinero». Por ello, es necesario que los perjudicados presenten una solicitud de arbitraje de consumo dirigida a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Palencia en cualquier registro público o a través de la página del Instituto Nacional de Consumo.

El presidente de la UCE explicó que ya se ha contactado con la presidenta de la Junta Arbitral de Consumo para agilizar todos los trámites y también se tiene previsto estudiar el caso con el delegado de la Junta, Luis Domingo González, para que los laudos arbitrales se ajusten a las exigencias que establece la administración regional para que se acepte el pago por parte del sistema de seguros.

Arzúa explicó que con el arbitraje de consumo puede lograrse que a finales de año se hayan emitido todos los laudos y en el primer trimestre de 2018 puedan haberse efectuado los pagos a los afectados.

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