El Consejo de Cuentas detecta varias anomalías en Barruelo de Santullán

Los objetivos de esta fiscalización son analizar las causas que han motivado el incumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas, así como el endeudamiento contraído y la ejecución presupuestaria. El ejercicio al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es 2016, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros años que se han estimado necesarias por su incidencia. El Ayuntamiento no ha presentado alegaciones al informe.

El Ayuntamiento no ha rendido la cuenta general desde 2008, incluso la de los ejercicios 2011, 2012 y 2014, a pesar de que en ellos sí aprobó la cuenta. En opinión del Consejo de Cuentas, el incumplimiento de la obligación de rendición debe relacionarse con la falta de ejercicio de sus competencias, por el alcalde y por el Pleno. Al analizar las causas de la falta de rendición, se han comprobado otros incumplimientos y falta de ejercicio de las funciones públicas necesarias de intervención, por parte del secretario-interventor, comprensivas de la contabilidad y el control y fiscalización interna.

En la tramitación presupuestaria se incumple la normativa legal y reglamentariamente establecida. Ante una situación reiterada e histórica de prórroga del presupuesto, los órganos necesarios tampoco han ejercido debidamente sus competencias y atribuciones, ni en la ejecución presupuestaria puede garantizarse el debido control de los expedientes y gastos.

Entre los incumplimientos en el ejercicio de las funciones de contabilidad y fiscalización, no se realiza la intervención previa de los actos o expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico; no existe conformidad en las facturas y documentos justificativos del gasto, de forma que se acredite documentalmente la prestación del servicio o suministro; y existen deficiencias en el sistema de archivo e información contable, de modo que no se han podido obtener algunos de los expedientes, contratos o justificantes solicitados, a efectos de comprobar su correcta contabilización.

Además, el Ayuntamiento no cuenta con una relación de puestos de trabajo aprobada donde se estructure su organización y tampoco se aprueba anualmente una plantilla de personal. El nombramiento de un miembro de la Corporación como Tesorero es contrario a la Ley de Bases de Régimen Local. El puesto de Secretaría-Intervención se encuentra ocupado desde 2012 por concurso.

El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Palencia materializa su apoyo al Ayuntamiento mediante la realización de diferentes acciones; entre otras, aporta el programa informático de contabilidad y apoya en tareas de contabilidad y en el manejo de la aplicación informática. Este tipo de apoyo se realiza de forma telefónica, no constando que el Ayuntamiento haya solicitado por escrito otro tipo de asesoramiento jurídico o económico.

El endeudamiento financiero ascendió, al cierre de 2016, a 1.029.170 euros, de los que 828.982 euros corresponden al crédito concertado en 2012 para el pago a proveedores. Este crédito requirió la aprobación de un plan de ajuste por el Pleno, sin que exista constancia de que se esténadoptando sus medidas. Con carácter general, el endeudamiento financiero no se contabiliza correctamente.

El endeudamiento comercial ascendió a 417.775 euros. Adicionalmente, existe una deuda con la Administración del Estado, por importe de 97.448 euros, por el reintegro, dada su falta de justificación, de una subvención para un plan de reindustrialización que, junto con la deuda con el fondo de pago a proveedores, está siendo mensualmente retenida con cargo a las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado y de la que se ha derivado un coste financiero para el Ayuntamiento de 29.657 euros. La deuda con la Junta de Castilla y León asciende a 162.825 euros, por el reintegro de dos subvenciones relacionadas con los fondos Miner, de los que 32.366 euros corresponden a intereses.

En los últimos ejercicios no se ha concertado ninguna operación de crédito a largo plazo, ni para la financiación de inversiones ni, desde 2012, para el saneamiento de deudas o el pago a proveedores. Sin embargo, el Ayuntamiento recurre de forma sistemática a la concertación de pólizas de crédito a corto plazo por necesidades transitorias de tesorería o déficits temporales de liquidez.

Según los cálculos realizados por el Consejo, el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados se habría situado, a 31 de diciembre de 2016, alrededor del 82%, por lo que el Pleno debió aprobar un plan de reducción de deuda a cinco años y la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo precisaría de la previa autorización del órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León.

Dado el carácter negativo del remanente de tesorería para gastos generales, el Ayuntamiento no puede realizar inversiones nuevas financiadas con endeudamiento, ya que se encuentra en el periodo de amortización del préstamo para el pago a proveedores concertado en 2012.

Por otra parte, se han producido otros incumplimientos relacionados con la normativa sobre morosidad y relacionada con el pago a proveedores así como con el suministro y publicación de la información correspondiente.

No se emite el informe independiente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera. En virtud de ello, no puede verificarse el cumplimiento del objetivo en la aprobación y liquidación del presupuesto de 2016, ni de la regla de gasto en esta última.

En 2016 el desfase entre los créditos y previsiones iniciales y lo realmente gastado e ingresado se concreta en un porcentaje de ejecución del 40%. El resultado presupuestario es negativo, por -41.566 euros, y también lo es el remanente de tesorería para gastos generales que, a 31 de diciembre de 2016, se sitúa en -309.882 euros. Su evolución en los últimos ejercicios es negativa, de forma creciente, sin que conste la adopción de medidas para su saneamiento.

El ingreso de mayor importancia relativa del Ayuntamiento, con el 42,2% en 2016, corresponde al capítulo de transferencias corrientes y, dentro de este, a la participación en tributos del Estado. Con cargo a las entregas a cuenta de 2016, que ascendieron a 214.587 euros, el Estado retuvo un total de 103.409 euros. De estos, 73.043 euros se relacionan con el reintegro de la subvención para el plan de reindustrialización.

No se realiza el ajuste del remanente de tesorería en los excesos de inanciación afectada, ya que no se efectúa un seguimiento y control de estos gastos. Esto tiene especial incidencia en el seguimiento de las subvenciones recibidas y en el control de las cantidades a reintegrar que se han generado en las dos subvenciones de la Junta de Castilla y León y la de la Administración del Estado del plan de reindustrialización.